La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum dio un paso decisivo este miércoles. Los fiscales de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, presentaron formalmente ante la Oficina Judicial Penal el pedido de audiencia para la formalización de la causa.
El requerimiento abarca a un total de 11 personas que habían sido notificadas la semana pasada sobre la causa en curso. En la lista figuran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, junto a Cristian Andino, Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparros, Julio Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.
Tras la solicitud, la Oficina Judicial deberá completar los trámites de notificación correspondientes y definir el día del encuentro judicial. Se estima que este proceso administrativo demandará alrededor de diez días, por lo que la audiencia de formalización tendría lugar durante la segunda quincena de octubre.
El origen de la causa y los focos de investigación
La investigación judicial tuvo su punto de partida en diciembre pasado, a raíz de una denuncia impulsada por el abogado Marcelo Arancibia. La fiscalía busca esclarecer posibles anomalías cometidas durante las diversas fases del proyecto hídrico, centrándose principalmente en el proceso de contratación y provisión de cañerías, la existencia de presuntos sobreprecios y las dudas respecto a la calidad de los materiales empleados.
Entre los implicados figuran exautoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), un exministro de Infraestructura y un directivo de la firma Krah América Latina, proveedora de los caños. Como parte del operativo, durante el mes de septiembre las autoridades judiciales concretaron allanamientos en sedes vinculadas a la compañía, donde secuestraron documentación clave y material informático para su peritaje.
Desde la fiscalía aclararon que la notificación previa recibida por los 11 involucrados no constituye una imputación formal, sino un procedimiento preventivo para informarles sobre la existencia del expediente y garantizar sus derechos de defensa y acceso al caso.
Rivero. C
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