San Juan sumó más de 1.600 abortos legales en 2025 en medio del ajuste de fondos nacionales
Según el informe anual de Proyecto Mirar, la provincia registró 1.657 interrupciones del embarazo asistidas en el sistema público. El estudio advierte sobre el desfinanciamiento de insumos desde Nación y destaca que los gobiernos provinciales debieron costear la atención.
Durante el año 2025, San Juan registró 1.657 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE e ILE) en los establecimientos del subsector público de salud. La cifra forma parte del Reporte anual 2025 elaborado por Proyecto Mirar —iniciativa integrada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la organización Ibis Reproductive Health—, el cual realiza el monitoreo de la Ley 27.610 en todo el territorio argentino.
El dato sanjuanino fue integrado al relevamiento a partir de los registros de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR). A nivel nacional, el informe contabilizó 87.603 prácticas en 20 provincias, concluyendo que el volumen global de atenciones no mostró variaciones significativas en comparación con el año anterior. Entre las jurisdicciones con mayor cantidad de intervenciones figuran Buenos Aires (41.446), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9.458), Córdoba (9.341), Santa Fe (4.094) y Mendoza (3.370).
Corte de insumos y financiamiento provincial
El reporte puso un énfasis particular en el giro de la política sanitaria tras la asunción de Javier Milei. Según la investigación, el Ministerio de Salud de la Nación discontinuó la adquisición y distribución centralizada de insumos para los servicios de aborto. Ante este repliegue del Estado nacional, al menos 13 provincias tuvieron que destinar recursos propios para sostener el abastecimiento y garantizar la prestación en sus hospitales y centros de salud.
A partir de datos de Presupuesto Abierto, Proyecto Mirar estimó una caída real del 57% entre 2023 y 2026 en las partidas destinadas al programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable. Asimismo, el informe prevé un retroceso del 93% en la cantidad de personas protegidas con anticonceptivos provistos por la Nación hacia 2026, si se comparan con las métricas de 2024.
La atención en la red pública
Pese a los recortes, el monitoreo identificó 1.846 efectores públicos operando dentro de la red de atención de IVE e ILE en las 19 provincias que aportaron datos. En la gran mayoría de los distritos, más del 70% de estos centros pertenecen al primer nivel de atención primaria.
En términos procedimentales, alrededor del 90% de las intervenciones relevadas se concretaron dentro de las primeras 12 semanas de gestación, utilizándose de forma predominante el tratamiento con medicamentos sobre la aspiración manual endouterina (AMEU).
En el caso particular de San Juan, si bien el reporte permite precisar la demanda total de 1.657 prestaciones en 2025, no detalla cuántos efectores locales estuvieron involucrados ni la proporción del gasto que debió asumir el presupuesto provincial tras la interrupción de la provisión de insumos nacionales.
Rivero. C
Los comentarios están cerrados.