Amparo colectivo en San Juan: familias de los colegios preuniversitarios acuden a la Justicia Federal para garantizar el dictado de clases
Ante la acumulación de 38 jornadas sin actividad por paros docentes, un grupo de padres solicitó una medida cautelar para poner frenos a las medidas de fuerza y exigir un plan de recuperación de días perdidos en las aulas.
Un grupo de padres de estudiantes pertenecientes a los colegios preuniversitarios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal con el objetivo de resguardar el derecho a la educación de sus hijos y frenar la continua interrupción del ciclo lectivo.
El recurso, impulsado por el abogado Mariano Domínguez en representación de las familias, denuncia la pérdida de 38 días de clase a raíz de las reiteradas medidas de fuerza convocadas por los gremios docentes. La presentación busca que los tribunales federales emitan una medida cautelar urgente que ordene la suspensión de nuevos paros en dichas instituciones y obligue a las autoridades a diagramar un esquema para recuperar las jornadas perdidas.
Según fundamentó el letrado en declaraciones radiales, la normativa vigente a nivel nacional fija un piso mínimo de entre 180 y 190 días efectivos de clases, parámetro que se encuentra gravemente comprometido tras la acumulación de casi 40 días de inactividad académica.
El límite de los derechos
Desde el equipo legal que representa a los tutores aclararon que la medida no pretende vulnerar las reivindicaciones salariales ni el derecho constitucional a la protesta que asiste al colectivo docente. Sin embargo, enfatizaron que el ejercicio de una facultad legal no puede ser absoluto si termina lesionando garantías de terceros.
“No se cuestiona la legitimidad del reclamo por el salario ni el derecho a la protesta. Lo que se plantea es que todos los derechos tienen que ejercerse con alguna medida y que, cuando afectan a terceros —en este caso, los alumnos—, es necesario poner un límite”, explicó Domínguez.
Asimismo, la presentación judicial toma como referencia los marcos legales laborales recientes que categorizan a la educación como una actividad esencial, disponiendo un funcionamiento mínimo garantizado del 75%, norma que, según la defensa de los padres, permanece vigente pese a las impugnaciones planteadas en diversos fueros.
Rivero. C
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