Polémica por el mensaje borrado en una escuela de Rawson: la ministra Silvia Fuentes defendió el uso del protocolo
Tras las críticas del fiscal de la UFI ANIVI por la eliminación de una pintada en los baños de la Escuela Carlos María de Alvear que alertaba sobre un posible abuso, la titular de la cartera educativa argumentó que se actuó bajo la normativa vigente y que la clausura del sector hubiera afectado el normal dictado de clases.
La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, salió a dar explicaciones luego de la controversia generada en torno al borrado de un mensaje escrito en los sanitarios de la Escuela Carlos María de Alvear, en Villa San Damián (Rawson). La inscripción advertía sobre un supuesto embarazo y señalaba a un familiar por un presunto abuso sexual, lo que dio pie a una investigación de oficio de la UFI ANIVI.
La defensa del borrado y la postura ministerial
La eliminación de la pintada antes de la llegada de los peritos judiciales había sido cuestionada por el fiscal Duilio Ejarque debido a la pérdida de elementos probatorios en el lugar. Sin embargo, Fuentes justificó la decisión institucional amparándose en el Protocolo 6515.
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Garantizar el funcionamiento: La funcionaria explicó que el establecimiento cuenta con un único módulo de sanitarios, por lo que mantener el baño clausurado habría impedido la continuidad del dictado de clases. “La escuela es un ámbito que debe funcionar permanentemente”, indicó.
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Ausencia de casos identificados: Según la ministra, al momento de intervenir no se detectó a ningún alumno con las características mencionadas ni existía una denuncia formal previa dentro del establecimiento.
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Priorizar la contención: Fuentes remarcó que el enfoque institucional no debe ser punitivo, recordando que “la escuela está para ayudar, para enseñar, no para sancionar”.
El marco normativo y la investigación judicial
La Resolución 6515-ME-2017 establece la Guía de Procedimientos ante Situaciones de Complejidad en las escuelas sanjuaninas, contemplando pautas de actuación frente a casos de violencia, vulneración de derechos o abusos.
A pesar de que el rastro físico en la pared fue removido, la investigación judicial continúa su curso a través de la UFI ANIVI, que incorporó al expediente las fotografías tomadas previamente y ordenó diversas medidas —como análisis de cámaras y testimonios— para esclarecer la autoría del mensaje y determinar si existe una situación real de riesgo para algún menor.
OP: Juan Pablo Amaya
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