Prisión domiciliaria y nuevo frente judicial: investigan a una mujer por una estafa de nueve millones de pesos
Acusada inicialmente por supuestas amenazas, la sospechosa terminó denunciada por dos hermanos que aseguraron haberle entregado una millonaria suma a cambio de una falsa gestión judicial federal. Ya cumple medidas restrictivas por causas similares.
Un expediente que comenzó en los tribunales locales por un presunto delito de amenazas dio un giro drástico y dejó al descubierto una nueva maniobra de estafa. Quien figuraba originalmente como denunciante terminó siendo señalada por las víctimas, dos hermanos que afirmaron haber entregado una cifra de 9.000.000 de pesos tras caer en un engaño relacionado con una supuesta gestión ante la Justicia Federal.
El conflicto se originó en abril en la UFI Genérica, cuando Macarena Selena Cantero (30) acusó a los dos jóvenes por hostigamiento. Al prestar declaración, los implicados reconocieron la existencia de una disputa, pero revelaron el verdadero trasfondo del reclamo.
La maniobra y el engaño
Según consta en la causa judicial, los hermanos poseían un cultivo de cannabis cuando fueron contactados por la sospechosa. Cantero se presentaba como supuesta secretaria de un juez federal y les prometió que “podía ayudarlos” a frenar la investigación penal que pesaba en su contra a cambio de dinero.
Los damnificados entregaron el millonario monto antes de percatarse de que todo se trataba de una farsa. Con esta presentación, el caso pasó al ámbito de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, complicando aún más la situación legal de la imputada.
Prisión domiciliaria y un historial de causas
Cantero ya se encontraba cumpliendo detención domiciliaria desde el pasado 17 de marzo, medida dictada por el juez de Garantías Diego Sanz. Aquella resolución le impuso siete meses de prisión preventiva en su hogar por tres hechos de defraudación por engaño y falsificación de documento privado, un beneficio concedido tras acreditar que tiene un hijo de 20 meses en período de lactancia.
En dicha investigación —llevada adelante por el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco— se le endilga haber prometido falsos nombramientos en el fuero federal a cambio de más de 12.000.000 de pesos, utilizando resoluciones truchas con firmas apócrifas y hasta un certificado médico falso para ausentarse de una audiencia.
Además, su prontuario judicial registra antecedentes previos: en 2023 afrontó cargos por la presunta compra irregular de un teléfono celular y, en 2025, fue imputada por otra maniobra de 70.000.000 de pesos en perjuicio de una familia de Rivadavia. Con esta nueva denuncia que aguarda su formalización, la sospechosa acumula múltiples expedientes mientras continúa bajo prohibición de salir de su domicilio.
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