Un año de prisión en suspenso para una empleada de la UNSJ por adulterar 33 certificados para ganar un concurso directivo

Una empleada no docente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), identificada como Marcela Ivana Díaz, fue condenada a un año de prisión en suspenso tras reconocer que falsificó 33 certificados de capacitación con el objetivo de sumar puntaje e incrementar sus posibilidades de ganar la titularidad de una Dirección Administrativa en la Facultad de Ciencias Sociales. La pena fue impuesta por la jueza Eliana Rattá, del Tribunal Oral Federal de San Juan, al homologar un acuerdo de juicio abreviado.

La maniobra salió a la luz cuando Alicia Del Carmen Vera, la otra postulante inscripta en el concurso interno convocado por el entonces decano Raúl García, detectó graves anomalías en la carpeta de antecedentes de su rival. Vera notó inconsistencias temporales, una carga horaria inverosímil de 300 horas en un solo año y patrones caligráficos sospechosos. La denuncia posterior de la Dirección de Asuntos Legales de la universidad dio inicio a una causa judicial impulsada por el fiscal Francisco Maldonado.

Las claves de la investigación judicial

El proceso penal fundamentó la responsabilidad de la acusada a través de diversos elementos probatorios recopilados durante la instrucción:

• Peritaje caligráfico: Un estudio realizado por Gendarmería Nacional sobre seis certificados originales confirmó similitudes entre la caligrafía de Díaz y las firmas atribuidas a exautoridades universitarias.

• Testimonio de autoridades: Antiguos directivos y decanos de la facultad desconocieron rotundamente las firmas estampadas en la documentación presentada.

• Incompatibilidad de perfil: Los informes institucionales de la UNSJ determinaron que los cursos acreditados estaban dirigidos de forma exclusiva a profesionales o docentes, rol que la empleada no ejercía.

Aunque fuentes universitarias señalaron que la agente contaba con méritos suficientes para competir de manera regular, Díaz recurrió a la adulteración documental para asegurar una ventaja ilícita, aceptando finalmente la pena en suspenso por falsificación y uso de documento público.