Malvinas: el Canciller Quirno brindó detalles sobre las medidas impulsadas por Javier Milei
El gobierno lanzó un paquete de tres instrumentos simultáneos —un decreto reglamentario, un proyecto de ley y un DNU— orientados a frenar la explotación de recursos naturales en las islas, con sanciones que alcanzan también a quienes asistan a las operadoras ya identificadas
El canciller Pablo Quirno salió a explicar el paquete de medidas que el presidente Javier Milei lanzó en cadena nacional para hacer frente a lo que el gobierno caracteriza como una explotación unilateral e ilegal de recursos naturales en las islas Malvinas por parte del Reino Unido. Tres instrumentos simultáneos —un decreto reglamentario, un proyecto de ley y un decreto de necesidad y urgencia (DNU)— configuran una respuesta que, según Quirno, llevó más de seis meses de elaboración conjunta entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía.
Desde el primer momento, el funcionario dejó en claro que las acciones no son medidas aisladas. “Es un mensaje sumamente importante, donde Argentina está tomando acciones concretas ante un peligro que atenta contra nuestra soberanía”, afirmó Quirno en declaraciones a A24, antes de detallar cada uno de los componentes del esquema.
El decreto reglamentario apunta directamente a las empresas Navitas y Rockhopper, ya sancionadas, y a quienes las asistan. El mecanismo contempla un aumento de penas y la habilitación del juicio en ausencia para condenar a las operadoras y a toda firma que les provea servicios logísticos u operativos, incluso si esa firma tiene actividad dentro del territorio argentino. Quirno fue directo al respecto: “Tendrán condenas en Argentina, no podrán estar en Argentina”, precisó ante la consulta sobre las consecuencias concretas para las compañías alcanzadas.
En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que extiende el alcance de la ley 26.659 —que hasta ahora solo regula actividades hidrocarburíferas— a otras formas de explotación de recursos naturales en las islas. El canciller no precisó en esa instancia qué sectores adicionales quedarán comprendidos, aunque aclaró que los detalles se conocerán al momento de la presentación formal del texto.
El tercer componente del paquete es el DNU que asigna partida presupuestaria para el inicio de la construcción de la Base Naval Integrada Ushuaia, en Tierra del Fuego. Quirno fue cuidadoso al definir la instalación: no se trata de una base bélica, sino de un nodo con funciones navales, logísticas y de apoyo a las operaciones científicas en la Antártida. “Argentina es un país bicontinental, bioceánico, y lo que tiene que hacer es fortalecer su presencia en el Atlántico Sur”, sostuvo, al tiempo que aclaró que el financiamiento surge de una reasignación de recursos que no afecta el equilibrio fiscal.
La base, según explicó el canciller, tiene larga data como proyecto y fue objeto de trabajo constante entre la Cancillería y Defensa. Lo que cambió con este anuncio es la asignación concreta de recursos para arrancar la construcción. Quirno subrayó que la instalación, llamada Base Naval Integrada Ushuaia, tiene también una dimensión logística de cara a la Antártida, dado que las fuerzas armadas proveen apoyo operativo a las actividades científicas que la Cancillería lleva adelante en el continente blanco.
Parte del razonamiento detrás de la ofensiva diplomática tiene que ver con el peso que, según el gobierno, Argentina ha ganado a nivel internacional por el valor de sus activos estratégicos. Quirno mencionó Vaca Muerta y los minerales críticos como factores que otorgan al país una posición de negociación que en décadas anteriores no existía.
Bajo esa lógica, las empresas que operan en Malvinas se enfrentarán a una disyuntiva concreta: mantenerse en un territorio en disputa bajo licencias que Argentina considera ilegales, o ingresar al mercado continental con reglas previsibles. “Antes no tenían que elegir: si descubrían algo acá era buenísimo, porque de Argentina no iban a sacar nada. Hoy hay un potencial en Argentina tal que van a tener que decidir si van a estar en un sistema legal de reglas claras o en un lugar que está en disputa, con licencias ilegales”, explicó Quirno.
Sobre el frente diplomático, el canciller informó que se enviaron notas de disuasión a 29 países, identificados como sedes de las empresas que asisten logística y operativamente a las operadoras ya sancionadas. Esas notas funcionan como paso previo a las sanciones específicas. En simultáneo, durante la visita a Santiago, Milei se reunió con el presidente chileno José Antonio Kast, quien expresó el respaldo histórico de Chile a la causa argentina e incluyó en el comunicado conjunto el rechazo al apoyo político a la extracción de recursos en las islas.
Ante la consulta por los dichos recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las Malvinas, Quirno señaló que ese respaldo amplifica la visibilidad del reclamo, aunque aclaró que la Argentina toma sus decisiones en función de sus propios intereses. “Argentina toma sus decisiones en función de sus necesidades y sus intereses”, precisó, al tiempo que consideró que la referencia del mandatario estadounidense pone el foco en un momento oportuno y refleja la importancia que tiene la Argentina en el mapa regional actual.
Por último, el canciller convocó a la oposición a sumarse al reclamo. Quirno recordó que la defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas es un mandato de la Constitución Nacional y apeló a dejar las diferencias coyunturales de lado frente a esta causa.
El decreto reglamentario estaba previsto para publicarse durante la misma noche del anuncio, junto con el DNU que asigna fondos a la base naval de Tierra del Fuego y la presentación formal del proyecto de ley en el Congreso.
Fuente: Infobae
Rivero. C
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