Petróleo en Malvinas: quiénes están detrás del negocio que Milei busca frenar

La explotación petrolera alrededor de las Islas Malvinas volvió al centro de la discusión luego de los anuncios del presidente Javier Milei para endurecer las medidas contra las compañías que operen sin autorización argentina. Sin embargo, detrás del proyecto Sea Lion no aparecen los gigantes internacionales del petróleo, sino dos empresas de menor escala que decidieron asumir el riesgo económico y geopolítico.

Actualmente, Navitas controla el 65% del proyecto y es su operadora, mientras que Rockhopper mantiene el 35% restante. En diciembre de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, que demandará alrededor de USD 1.800 millones.

Navitas cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y en los últimos años amplió sus operaciones a partir de distintos proyectos, entre ellos desarrollos en Estados Unidos. Su desembarco en Malvinas ocurrió en 2022, cuando adquirió el 65% de las licencias que pertenecían a Harbour Energy y pasó a controlar la operación.

Rockhopper, por su parte, cotiza en el mercado AIM de Londres y se especializa en exploración y producción. Ninguna de las dos, sin embargo, tiene la dimensión de las grandes multinacionales integradas que dominan el negocio petrolero mundial.

Por qué las grandes petroleras se mantienen alejadas

Uno de los factores que explican la ausencia de los gigantes petroleros es el riesgo político y comercial que supone participar de actividades en un territorio cuya soberanía es disputada entre Argentina y Reino Unido.

En 2022, la Secretaría de Energía determinó que las actividades de Navitas relacionadas con Malvinas eran ilegales según la legislación argentina y dispuso su inhabilitación durante 20 años.

Ese riesgo adquiere otra dimensión para compañías internacionales que ya poseen importantes inversiones en Argentina. Empresas como Shell, TotalEnergies y Equinor, así como firmas de servicios petroleros como SLB y Halliburton, tienen negocios en el país.

Involucrarse en una explotación en Malvinas podría poner en riesgo esas operaciones. Para una multinacional con inversiones millonarias en Argentina, el potencial beneficio del proyecto debe contrastarse con las consecuencias comerciales y legales que podría generar su participación.

Un ejemplo es Harbour Energy. La compañía vendió su participación en Sea Lion en 2022 y, dos años más tarde, adquirió los activos de Wintershall Dea. De esa manera, pasó a tener una posición importante en el offshore argentino y actualmente participa junto a TotalEnergies y Pan American Energy en proyectos frente a las costas de Tierra del Fuego.

El potencial económico de Sea Lion

Que las grandes compañías se mantengan alejadas no significa que Sea Lion sea un proyecto menor. La primera fase contempla una inversión cercana a los USD 1.800 millones y una producción inicial estimada en unos 55.000 barriles diarios.

El petróleo será extraído mediante pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Según los planes actuales, la producción comenzaría durante el primer trimestre de 2028.

La dimensión del negocio explica por qué Navitas y Rockhopper están dispuestas a asumir un riesgo que otras compañías evitan. Para las grandes multinacionales que ya tienen inversiones en Argentina, en cambio, involucrarse en una zona atravesada por la disputa de soberanía podría generar un costo considerablemente mayor.

El tema adquirió especial relevancia después de que Milei anunciara que el Gobierno avanzará con mayores sanciones contra las compañías que participen directa o indirectamente en proyectos desarrollados en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La nueva estrategia oficial apunta también a los proveedores. De esta manera, el Gobierno busca aumentar el costo de participar en emprendimientos como Sea Lion y utilizar el acceso al mercado argentino como una herramienta para desalentar la explotación de recursos naturales en la zona en disputa.