Padres de colegios de la UNSJ recurrirán a la Justicia por la pérdida de clases

Los padres autoconvocados de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) decidieron avanzar con una estrategia judicial frente a la continuidad de los paros que afectan el normal dictado de clases. Tras reunir los fondos necesarios y recopilar documentación, las familias aguardan ahora la definición del estudio jurídico que analiza cuál será la presentación más conveniente.

El reclamo viene tomando fuerza desde abril y mayo, cuando las medidas de fuerza comenzaron a extenderse y llegaron, en algunos períodos, a afectar semanas completas de clases. Según las familias, los estudiantes acumulan más de 30 días sin actividad escolar como consecuencia de los paros realizados por docentes y personal no docente en el marco del conflicto universitario.

Verónica Figueroa, integrante del grupo de padres autoconvocados, explicó que la posibilidad de recurrir a la Justicia había comenzado a evaluarse meses atrás, pero que la iniciativa se frenó ante un principio de acuerdo entre el Gobierno nacional y las universidades públicas.

“Ahí dijimos que no tenía sentido avanzar con presentaciones legales. Luego de las vacaciones volvieron los paros y esto afecta directamente a los chicos”, señaló.

Para las familias, la situación de los colegios preuniversitarios requiere un tratamiento particular debido a que se trata de estudiantes de nivel medio, muchos de ellos menores de edad. En ese sentido, sostienen que el derecho a la educación debe ser protegido y cuestionan que no exista hasta el momento un mecanismo concreto que permita compensar el impacto de las jornadas perdidas.

Las familias reunieron cerca de $3 millones

Uno de los principales pasos para avanzar con la estrategia judicial fue conseguir los recursos económicos necesarios para afrontar los costos del proceso. De acuerdo con Figueroa, en apenas 24 horas los padres lograron reunir alrededor de $3 millones.

El dinero fue aportado por unas 250 familias, sobre un universo aproximado de 600 padres vinculados a los tres colegios preuniversitarios de San Juan. Los aportes individuales oscilaron entre $10.000 y $30.000.

“Fue un aporte significativo. No recibimos ayuda de otra arista que no sean los padres y las familias que son parte de la comunidad educativa”, afirmó Figueroa.

Según explicó, los fondos fueron entregados directamente al grupo de abogados que asumió la representación legal, por lo que las familias no intervienen en la administración de ese dinero.

Mientras tanto, los padres trabajan en la recopilación y organización de la documentación que podría respaldar una eventual demanda. Entre los elementos que se reúnen figuran los cronogramas de paros y los registros de las jornadas en las que no hubo clases.

Qué alternativas analiza el estudio jurídico

Desde el punto de vista legal, todavía no está definido qué presentación se realizará. Entre las alternativas que analiza el estudio integrado por los abogados Mariano Domínguez y su socio, Saavedra, aparecen un amparo y una acción contencioso-administrativa.

La decisión dependerá de la estrategia que finalmente determinen los profesionales y de cómo evolucione el conflicto universitario en las próximas semanas.

Debido a que los colegios preuniversitarios dependen de la UNSJ, una institución autónoma, la eventual presentación debería realizarse ante la Justicia Federal. En este marco, los abogados descartaron recurrir a la Defensoría del Pueblo de San Juan por una cuestión de competencia.

Respecto de la Defensoría del Pueblo de la Nación, las familias también encontraron limitaciones para avanzar por esa vía, debido a la situación institucional del organismo.

De esta manera, el camino judicial quedaría principalmente en manos de los propios padres, quienes buscan impulsar el reclamo para que se garantice la continuidad de las clases.

Reclamo por un plan para recuperar los contenidos

Más allá de la decisión de judicializar el conflicto, los padres aseguran que durante los últimos meses intentaron encontrar una solución mediante el diálogo con distintos sectores de la comunidad universitaria.

Figueroa describió el proceso como “doloroso, triste y desalentador” y sostuvo que las familias buscaron diferentes canales para expresar su preocupación por la pérdida de clases.

También cuestionó el encuentro que mantuvieron con representantes gremiales y aseguró que no encontraron una respuesta concreta a sus planteos.

Uno de los principales puntos de preocupación es qué ocurrirá con los contenidos que no pudieron desarrollarse debido a las medidas de fuerza. Para las familias, hasta el momento no existe información suficiente sobre cómo se recuperarán esas jornadas.

“Hoy no vemos una salida posible, no tenemos un plan de contingencia, no tenemos un plan anual del contenido de cada asignatura. Hablan de contenidos, pero no nos informan nada”, cuestionó Figueroa.

Con los fondos ya reunidos, la documentación en proceso de organización y las distintas alternativas legales sobre la mesa, los padres autoconvocados se preparan para llevar su reclamo a una nueva instancia. El próximo paso será definido por los abogados, mientras las familias esperan una respuesta que permita garantizar el dictado de clases y evitar que la pérdida de jornadas continúe afectando a los estudiantes.