El Gobierno posterga la concesión del Correo Argentino por su rol clave en las elecciones de 2027

El Gobierno pone en pausa el proceso para concesionar el Correo Argentino por la cercanía de las elecciones de 2027. En el Ejecutivo reconocen que la iniciativa se demoró y que dejó de formar parte de las prioridades inmediatas del programa de privatizaciones, aunque los equipos técnicos continúan trabajando sobre el esquema.

La principal dificultad que plantean en la Casa Rosada es el rol que tendrá el Correo en la organización de los próximos comicios nacionales. La empresa interviene en el despliegue y repliegue de urnas y documentación, la transmisión de telegramas y otras tareas logísticas que requieren preparación con varios meses de anticipación.

En Nación consideran que abrir ahora una licitación y avanzar hacia el cambio de operador puede superponerse con la preparación electoral. La preocupación aumenta ante la posibilidad de que finalmente haya PASO en 2027, una definición que el oficialismo todavía mantiene abierta mientras discute en el Senado la reforma política.

“No es prioritario”, sintetizan en despachos oficiales. En otros sectores involucrados en el proceso aseguran que se sigue trabajando técnicamente, pero que no existe una fecha estimada para avanzar con el llamado a licitación.

La definición modifica la hoja de ruta que la Casa Rosada manejaba a comienzos de año. Entre diciembre y enero, el Gobierno proyectaba tener avanzado el proceso durante el primer trimestre de 2026, pero los plazos comenzaron a extenderse y el expediente perdió velocidad con los cambios en las estructuras encargadas de coordinar las empresas públicas.

El plan oficial no contempla, en principio, la venta directa de las acciones del Correo, sino una nueva concesión de la explotación del servicio postal. El antecedente jurídico se remonta a la rescisión de la concesión privada en 2003 y a la creación, al año siguiente, del Correo Oficial de la República Argentina como sociedad estatal hasta que volviera a concretarse una privatización del servicio.

La cuestión electoral agrega una complejidad particular que no enfrentan otros procesos. El Código Electoral establece funciones específicas para los empleados del correo en la recepción y traslado de urnas, documentación y telegramas una vez cerradas las mesas, mientras que la logística general de cada elección se termina de instrumentar mediante acuerdos con el Estado.

Ese esquema tuvo continuidad durante la gestión de Javier Milei. En las elecciones legislativas de 2025, la sede central del Correo fue utilizada para pruebas de transmisión y recuento, y la empresa también participó en distintas tareas vinculadas con la jornada y el pago de compensaciones a autoridades electorales.

La Casa Rosada analiza por eso si existe una fórmula que permita adelantar parte del procedimiento sin modificar la operación antes de las elecciones. Una alternativa técnica sería licitar y adjudicar con una toma de posesión posterior al proceso electoral, pero en el Gobierno no confirman que se haya adoptado ese camino ni que exista hoy una decisión de avanzar bajo ese formato.

El cambio de ritmo contrasta con la aceleración que tuvo durante agosto la privatización del Belgrano Cargas. Economía lanzó la licitación para concesionar por 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que abarcan 7594 kilómetros de vías en 16 provincias. La primera presentación de ofertas está prevista para noviembre.

También avanzó el traspaso de Corredores Viales, con la adjudicación de ocho nuevos tramos a operadores privados, mientras que el proceso de AySA continúa abierto pese a la postergación de la recepción de ofertas hasta septiembre. En paralelo, Economía mantiene entre sus objetivos las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano.

El Correo llega a esta pausa con una situación financiera distinta a la de comienzos de la gestión. Su presupuesto para 2026 proyecta ingresos corrientes por $774.126 millones y gastos por $720.308 millones, con un resultado económico positivo de $53.818 millones y sin transferencias corrientes de la Administración Nacional. La compañía prevé, además, girar $60.000 millones al Tesoro.

La administración de la empresa continúa mientras tanto con el plan de reducción de costos. El presupuesto prevé inversiones por $34.745 millones, la expansión del modelo de “Punto Correo”, nuevos sistemas de clasificación automática y trazabilidad, mejoras en los centros de datos y herramientas destinadas al negocio de comercio electrónico.

La dotación proyectada también refleja el proceso de achicamiento. El Correo cerró 2025 con 11.676 empleados y prevé terminar 2026 con 11.436, después de la fuerte reducción de personal que la empresa atravesó desde el comienzo de la administración libertaria.

En Balcarce 50 no dan por cancelada la concesión, pero ya no trabajan con el objetivo de concretarla antes de las elecciones. La prioridad inmediata pasó a otros procesos que están más avanzados y no interfieren con funciones electorales. El Correo continuará bajo gestión estatal mientras el Gobierno define si puede diseñar una transición que preserve la logística de 2027 o si deberá retomar el proceso una vez finalizados los comicios.

Fuente: TN

Rivero. C