La Justicia analiza una nueva denuncia contra “Chiqui” Tapia y Toviggino por presunto lavado de activos
La presentación apunta al presidente y al tesorero de la AFA por supuestas maniobras con fondos de la entidad. La jueza federal María Servini deberá definir si investiga el caso en Comodoro Py o si corresponde enviarlo a Campana, donde ya existe una causa relacionada con una propiedad en Pilar.
Una nueva denuncia por presunto lavado de activos vinculada con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó este lunes a cargo de la jueza federal porteña María Servini. La presentación alcanza al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
La magistrada, titular del Juzgado Federal N°1 de Comodoro Py, deberá resolver ahora si acepta investigar el expediente o si corresponde remitirlo a la Justicia Federal de Campana, donde ya se tramita una causa relacionada con la compra de una casaquinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares y atribuida a presuntos testaferros.
La denuncia había sido presentada en marzo por el empresario Guillermo Tofoni, a partir de publicaciones periodísticas que advertían sobre un supuesto esquema de lavado de dinero relacionado con fondos de la AFA.
Inicialmente, el expediente estuvo en manos del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien se declaró incompetente y dispuso que la investigación pasara al fuero federal.
La hipótesis bajo investigación
De acuerdo con la denuncia, la Justicia deberá determinar si existieron maniobras destinadas a lavar activos que habrían comenzado con el ingreso de dinero proveniente del exterior y continuado mediante distintas empresas y financieras radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
La hipótesis incorporada al expediente sostiene que parte de los fondos habría ingresado principalmente desde España y Estados Unidos. Posteriormente, el dinero habría circulado por financieras del microcentro porteño y un estudio jurídico.
Según la presentación, el recorrido de esos fondos habría terminado en la sede central de la AFA, ubicada en la calle Viamonte, o en un inmueble relacionado con uno de sus dirigentes.
Se trata de una serie de acusaciones que deberán ser verificadas durante una eventual investigación judicial y que, hasta el momento, no implican una condena ni determinan responsabilidad penal de los denunciados.
La disputa por la competencia
Al declararse incompetente, Amarante sostuvo que los hechos denunciados habrían ocurrido principalmente en territorio porteño y consideró que correspondía la intervención de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, todavía permanece abierta una discusión sobre la posible conexión con el expediente que tramita en Campana.
El juez Adrián González Charvay había reclamado que la nueva denuncia fuera incorporada a la investigación relacionada con la propiedad de Pilar. Amarante, en su momento, rechazó esa posibilidad.
Ahora será Servini quien deberá definir el próximo paso: asumir la investigación en Comodoro Py o considerar que existe una conexión suficiente con la causa de Campana para remitir allí el expediente.
La decisión determinará qué juzgado continuará con una investigación que vuelve a poner bajo la lupa judicial a la conducción de la AFA y el presunto manejo de fondos vinculados con la entidad.
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