Los docentes universitarios realizarán un paro nacional de 48 horas los próximos 27 y 28 de agosto, en reclamo por la situación salarial del sector y por el financiamiento de las universidades públicas. La medida fue confirmada por los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
La protesta se enmarca en el conflicto que las organizaciones sindicales mantenían con el Gobierno nacional por los recursos destinados al sistema universitario y la actualización de los salarios. Desde el sector cuestionaron que las instituciones no estuvieran recibiendo las transferencias previstas por la Ley de Financiamiento Universitario.
La normativa fue ratificada por el Congreso luego del veto presidencial, pero su aplicación continúa generando una disputa política y judicial. Los gremios sostienen que la falta de fondos afecta el funcionamiento de las universidades, además de partidas destinadas a salarios, becas y programas académicos.
Reclamo por los salarios
Uno de los principales puntos de la protesta está relacionado con los ingresos de los trabajadores universitarios. Las organizaciones sindicales cuestionan que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses fueron definidas de manera unilateral y sin una reapertura formal de las paritarias.
Los gremios también señalan que los trabajadores acumulan una pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y reclaman una recomposición que permitiera recuperar parte del salario perdido.
La situación alcanza especialmente a quienes cuentan con dedicaciones simples y semi-exclusivas, aunque también genera dificultades entre los docentes con dedicación exclusiva.
El paro previsto para el 27 y 28 de agosto representará un nuevo capítulo del conflicto entre los sindicatos universitarios y el Gobierno nacional.
Los docentes reclaman respuestas sobre el financiamiento de las universidades y una recomposición salarial. Además, advirtien que podrían profundizar las medidas de fuerza si no se registran avances en las negociaciones y en la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
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