Rizo y Cornejo reclaman una ley para que los sanjuaninos puedan acceder a la información pública

Los diputados oficialistas Federico Rizo, del Bloquismo, y Enzo Cornejo, del PRO, coincidieron en la necesidad de que San Juan avance con una Ley de Acceso a la Información Pública. Ambos plantearon que cualquier ciudadano debería poder consultar cómo se utilizan los recursos del Estado sin tener que recurrir a un legislador.

El reclamo tomó fuerza en medio del debate por el fideicomiso vinculado al acuerdo con Vicuña y por el proyecto de Ley de Financiamiento por US$600 millones, que se sumarían a los US$250 millones contemplados en el acuerdo con la empresa minera. Sin embargo, los legisladores remarcaron que el acceso a la información debe abarcar a toda la administración pública y no quedar limitado a una discusión puntual.

Rizo cuestionó el esquema actual y sostuvo que “para pedir un informe hay que ser diputado”, una situación que calificó como “inaceptable”. Según explicó, los vecinos deberían poder conocer, por ejemplo, qué empresa fue contratada para realizar una obra o prestar un servicio en su comunidad y cuánto dinero público se destinó a esa tarea.

“Que no sea solo respecto a este fideicomiso, sino que sea respecto a toda la gestión pública del gobierno”, planteó el legislador. En ese sentido, señaló que el Bloquismo viene impulsando iniciativas relacionadas con el acceso a la información desde hace aproximadamente una década.

Para Rizo, una legislación de este tipo contribuiría además a reducir sospechas y evitar que el acceso a los datos públicos quede condicionado por disputas políticas. “Son dineros públicos”, remarcó, y consideró que San Juan necesita avanzar en materia institucional y de transparencia.

Cornejo: “Hace falta una ley”

Cornejo coincidió con el planteo y aseguró que la necesidad de establecer una normativa provincial ya fue analizada en diferentes oportunidades. “Yo personalmente creo que hace falta una ley de acceso a la información pública”, sostuvo.

El diputado del PRO consideró que la legislación debe contemplar las particularidades de la provincia y no limitarse a reproducir modelos existentes. “No es el copy-paste”, afirmó.

Además, vinculó el acceso a la información con la posibilidad de que los ciudadanos conozcan el destino de los fondos provinciales. En esa línea, destacó la planificación de obras del Gobierno y sostuvo que los sanjuaninos deberían poder consultar qué trabajos se realizarán y cómo se utilizarán los recursos.

“San Juan necesita saber en qué gasta los recursos”, afirmó Cornejo, quien expresó su expectativa de que durante la gestión de Marcelo Orrego la provincia pueda finalmente contar con una norma.

Una deuda que lleva años

El planteo de los legisladores vuelve a poner en agenda una discusión que atravesó distintas gestiones provinciales. Uno de los antecedentes es un proyecto que proponía que San Juan adhiriera a la Ley Nacional N.º 27.275, sancionada en 2017, que establece mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información pública.

La iniciativa también había formado parte de los puntos incluidos en el Acuerdo San Juan, impulsado durante la gestión de Sergio Uñac después de la pandemia. Sin embargo, no llegó a convertirse en ley ni avanzó hasta el recinto.

Durante la campaña electoral de 2023, la gestión de Marcelo Orrego también había planteado la necesidad de legislar sobre la materia. Hasta el momento, San Juan continúa sin una normativa provincial integral que permita a cualquier ciudadano solicitar información a los organismos estatales.

Junto con Formosa, Tucumán y La Pampa, San Juan se encuentra entre las cuatro provincias argentinas que no cuentan con una legislación propia de acceso a la información pública.

Ahora, con el pedido de Rizo y Cornejo, el debate vuelve a instalarse dentro del oficialismo. El desafío será convertir una demanda que lleva años de discusión en una herramienta que permita a cualquier sanjuanino conocer cómo se administran los fondos públicos, qué obras se ejecutan y quiénes son los proveedores del Estado, sin necesidad de recurrir a un diputado.

Op: Juan Llarena