San Juan vuelve a discutir la adhesión a la Ley de Víctimas y propone crear un observatorio

La Legislatura de San Juan retomará el análisis de un proyecto que propone adherir a la Ley Nacional N° 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, y crear un Observatorio de la Víctima de Delitos.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Fernanda Paredes y ya había sido presentada en 2024, pero perdió estado parlamentario al no ser tratada. A comienzos de 2026 volvió a ingresar a la Cámara y, tras un pedido de tratamiento preferencial realizado en el recinto, se acordó que sea analizada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia durante las próximas dos sesiones.

El proyecto apunta a fortalecer los derechos de quienes atraviesan situaciones de victimización y establecer herramientas que permitan contar con información sistematizada sobre los delitos y sus consecuencias.

Qué establece la adhesión a la ley nacional

La Ley Nacional 27.372 reconoce a las víctimas como sujetos de derechos dentro de las investigaciones y procesos penales. Entre otras garantías, contempla el acceso a información, asesoramiento, participación en los procesos, trato digno y protección.

Paredes explicó que el objetivo es que San Juan incorpore ese marco a su legislación provincial y fortalezca las herramientas existentes para acompañar a las víctimas.

La diputada recordó que la provincia ya cuenta con mecanismos específicos, entre ellos el Centro de Abordaje de Violencias Intrafamiliares y de Género (Cavig), además de las herramientas incorporadas a partir de la reforma del Código Procesal Penal.

Sin embargo, consideró que todavía existen aspectos que deben ser revisados para mejorar la respuesta frente a las víctimas.

Un observatorio para reunir datos

La segunda parte del proyecto plantea la creación de un Observatorio de la Víctima de Delitos en el ámbito de la Cámara de Diputados.

El organismo tendría entre sus principales funciones relevar y sistematizar información estadística sobre las víctimas, sus familias y entornos. La intención es que esos datos sirvan como base para diseñar y evaluar políticas públicas.

Además, el observatorio podría elaborar recomendaciones, colaborar en proyectos legislativos, promover encuestas de victimización y participar en investigaciones y actividades de capacitación.

Para Paredes, contar con estadísticas permitiría conocer con mayor precisión la realidad provincial y tomar decisiones a partir de información concreta.

El femicidio de Chimbas volvió a poner el tema en agenda

La diputada explicó que el femicidio de Gemma Álvarez, ocurrido en Chimbas, fue uno de los hechos que motivó la decisión de volver a impulsar el proyecto.

Según planteó, el caso generó una reflexión sobre la respuesta que reciben las personas que atraviesan situaciones de violencia y sobre la necesidad de mejorar las herramientas de prevención y acompañamiento.

Paredes hizo especial referencia a que la víctima había realizado denuncias previamente y sostuvo que el caso dejó en evidencia la necesidad de revisar cómo actúan las distintas instituciones ante este tipo de situaciones.

“Todos salimos a decir que hay que denunciar, hay que hablar, hay que pedir ayuda, pero bueno, lo hizo y llegamos tarde todos”, expresó.

El proyecto vuelve a las comisiones

La propuesta no obtuvo el tratamiento preferencial solicitado por Paredes en el recinto, pero los bloques acordaron avanzar con su discusión en comisión.

El proyecto será analizado por Asuntos Constitucionales y Justicia, donde se buscará evaluar sus alcances y la eventual articulación con los organismos que ya funcionan en la provincia.

La diputada planteó que el objetivo es que participen los distintos actores que intervienen en la atención y protección de víctimas para determinar qué herramientas pueden incorporarse al sistema provincial.

La iniciativa deberá ahora atravesar el debate en comisiones antes de llegar nuevamente al recinto para su eventual tratamiento.