Graffigna intenta cerrar una demanda millonaria por una expropiación cuestionada
El abogado pidió la caducidad de una causa civil iniciada por la Provincia para recuperar fondos pagados por un terreno en Iglesia. Fiscalía de Estado anticipó que buscará frenar el planteo ante la jueza Adriana Tettamanti.
Santiago Graffigna busca ponerle punto final a una de las demandas civiles que enfrenta por las expropiaciones investigadas en San Juan. El abogado presentó un planteo de caducidad de instancia, al sostener que el expediente permaneció sin movimientos durante más de seis meses, el plazo establecido por el Código Procesal Civil para que opere la perención.
La presentación deberá ser resuelta por la jueza Adriana Tettamanti, del fuero Contencioso Administrativo. Desde Fiscalía de Estado, en tanto, adelantaron que cuentan con argumentos para intentar rechazar el pedido y mantener vigente la acción iniciada por la Provincia.
La causa es conocida como “Luna, Ricardo Benito” y tiene como origen una expropiación realizada en Iglesia para la construcción del dique Cuesta del Viento. En 2009, el Estado provincial pagó $1.011.194,31 por el inmueble. Según sostuvo Fiscalía de Estado, el pago se produjo en el marco de un procedimiento irregular, una situación que luego también fue considerada en la investigación penal de la megacausa de expropiaciones.
En el expediente civil, la suma reclamada podría ubicarse actualmente entre $7 millones y $10 millones, de acuerdo con estimaciones vinculadas a la actualización mediante la tasa activa del Banco Nación.
El argumento de Graffigna
El abogado sostiene que el expediente quedó paralizado durante años y que, una vez transcurrido el plazo legal de seis meses sin actividad procesal, corresponde declarar la caducidad de la instancia.
Según su planteo, las partes habían acordado suspender los plazos durante 20 días, el máximo previsto por el Código Procesal Civil. Esa suspensión quedó registrada el 29 de agosto de 2023 y, de acuerdo con la documentación del expediente, no habría sido prorrogada posteriormente.
Con ese argumento, Graffigna considera que desde septiembre de 2023 no hubo actos suficientes para impulsar la causa y pidió que se declare la perención.
El planteo no significa necesariamente que el Estado pierda de manera automática toda posibilidad de iniciar una nueva acción. Sin embargo, Graffigna sostiene que, si la causa actual fuera cerrada por caducidad, un nuevo reclamo se encontraría alcanzado por la prescripción, debido a que la demanda original fue presentada hace aproximadamente una década.
Fiscalía de Estado prepara la respuesta
La Fiscalía de Estado, actualmente encabezada por Sebastián Dávila, anticipó que se opondrá al planteo. El organismo considera que existen argumentos jurídicos para evitar el cierre del expediente, aunque esos fundamentos todavía no fueron difundidos.
La decisión quedará ahora en manos de la jueza Tettamanti, quien deberá analizar los argumentos de ambas partes antes de determinar si corresponde declarar la caducidad de instancia o mantener abierta la demanda.
Una expropiación que quedó bajo la lupa
El expediente forma parte del conjunto de causas civiles vinculadas con las expropiaciones que derivaron en la megacausa penal. En este caso, Fiscalía de Estado cuestionó que Graffigna hubiera presentado a Ricardo Luna como propietario del terreno, cuando, según el organismo, solo era titular de “derechos y acciones” sobre el inmueble.
Esa diferencia tenía impacto directo en la valuación: de acuerdo con la postura de la Provincia, reconocer únicamente derechos y acciones habría reducido aproximadamente un 30% el valor del terreno.
La investigación también puso bajo la lupa la utilización de una demanda de posesión veinteañal presentada con carácter urgente para respaldar la situación dominial del inmueble.
Además, Fiscalía de Estado sostuvo que Graffigna habría actuado en connivencia con el entonces abogado estatal Norberto Baistrocchi, quien falleció antes del inicio de la megacausa. Según esa acusación, ambos habrían contribuido a mantener paralizado durante años el trámite de expropiación.
El caso también quedó relacionado con el llamado Plenario Luna, mediante el cual el Tribunal de Tasaciones de la Provincia modificó el criterio para valuar determinados terrenos rurales y comenzó a calcularlos como urbanos, pasando de una referencia por hectárea a otra por metro cuadrado.
Ahora, mientras continúa el debate judicial sobre la responsabilidad y el dinero que la Provincia busca recuperar, la primera definición pendiente será procesal: si la demanda continúa vigente o queda cerrada por caducidad de instancia.
Los comentarios están cerrados.