Violenta detención en Las Chacritas: un policía quedó preso y otros cuatro seguirán en libertad

La Justicia imputó a cinco efectivos por los apremios ilegales sufridos por un detenido en la Comisaría 31°. Solo el principal acusado recibió prisión preventiva por 15 días, mientras el resto cumplirá medidas de coerción.

El Ministerio Público Fiscal avanzó en la investigación por la violenta detención de Braian Pastén, ocurrida el pasado 18 de julio en la Comisaría 31° de Las Chacritas, y logró la formalización de cinco policías involucrados en el hecho. Tras la audiencia, el juez de garantías dictó prisión preventiva para uno de los efectivos, en tanto que los otros cuatro continuarán vinculados al proceso bajo estrictas restricciones.

La situación más comprometida recae sobre el agente Hernán Ochoa, imputado por apremios ilegales y lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público. Según la acusación del fiscal Iván Grassi, Ochoa habría sido el autor material de la fractura de peroné que sufrió la víctima en el procedimiento. Ante el riesgo de que el acusado pudiera entorpecer la causa e influir sobre sus compañeros de fuerza, el magistrado Caballero hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó 15 días de prisión preventiva.

Por otro lado, el cabo José Gabriel Páez y el agente Miguel Alejandro Saldaña fueron imputados por vejaciones y apremios ilegales debido a su participación directa en los malos tratos y en el arrastre de Pastén tras la lesión. Asimismo, los agentes Lucas Ortiz y Fabián Atencio quedaron acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público por presenciar las agresiones y no actuar para frenarlas.

Para estos últimos cuatro efectivos, la Justicia dictó reglas de conducta que incluyen la prohibición de entorpecer la investigación, la obligación de presentarse mensualmente ante la comisaría de sus domicilios, la prohibición de salir de la provincia y la reasignación a funciones en dependencias ajenas a la seccional de Las Chacritas para preservar la transparencia del proceso. La investigación penal preparatoria se extenderá por un año, respaldada por registros de cámaras de seguridad y futuros testimonios de otros detenidos y personal policial.

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