El Gobierno espera un informe de Educación para decidir si sanciona a los gremios docentes

La Subsecretaría de Trabajo de San Juan todavía no definió si aplicará sanciones económicas contra los gremios docentes que participaron del paro nacional de este lunes. La decisión dependerá de un informe que deberá elaborar el Ministerio de Educación para determinar si se cumplió con el mínimo de prestación del servicio establecido por la normativa.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó que antes de avanzar con cualquier medida es necesario contar con información oficial sobre la situación en las escuelas durante la jornada de protesta.

“Educación y Nación salieron a controlar las escuelas. Luego de eso me tienen que informar si se cumplió con el 75%”, señaló el funcionario.

Según detalló, el relevamiento podría tomar algunos días debido a que la cartera educativa debe reunir datos precisos sobre la cantidad de establecimientos abiertos y verificar los motivos de las ausencias docentes. En caso de que no se alcance el porcentaje requerido, también deberá establecerse si las inasistencias estuvieron vinculadas exclusivamente a la adhesión al paro o a otras razones, como licencias o enfermedades.

Cómo se definirían las multas

Una vez recibido el informe, la Subsecretaría de Trabajo evaluará si corresponde iniciar el procedimiento sancionatorio contra los sindicatos.

Marchese explicó que las posibles multas se aplicarían a los gremios y no directamente a los trabajadores. En ese sentido, aclaró que será el Gobierno provincial, como empleador, el que luego deberá determinar si corresponde realizar descuentos salariales a los docentes que no prestaron servicio.

Respecto del cálculo de las sanciones, indicó que la normativa establece una fórmula basada en la cantidad de trabajadores involucrados y el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La situación se da tras el paro nacional convocado por Ctera, que en San Juan tuvo adhesión de UDAP y AMET, mientras que UDA no comunicó formalmente su participación.

El conflicto se enmarca en la aplicación de la Ley Nacional de Modernización Laboral, que considera a la educación como un servicio esencial y establece la obligación de garantizar una prestación mínima durante las medidas de fuerza.

En marzo pasado, luego de una primera intimación bajo esta normativa, UDAP había levantado un paro de 48 horas. En esta oportunidad, el gremio decidió mantener la protesta, cuestionó la intervención de la Subsecretaría de Trabajo y anticipó que recurrirá a la Justicia.

Ahora, el informe que prepare el Ministerio de Educación será clave para definir si el Gobierno provincial avanza o no con las primeras sanciones previstas por la nueva legislación.