Tras destrabarle su conflicto regulatorio, el Gobierno aprobó el RIGI del mayor proyecto minero de la Argentina
Vicuña, la joint venture de BHP y Lundin Mining en San Juan, obtuvo la admisión al régimen de incentivos después de que el ENReGE resolviera la disputa eléctrica que frenaba el desarrollo desde 2023.
El Gobierno le otorgó al proyecto Vicuña el acceso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), justo después de aprobar la infraestructura eléctrica que la compañía reclamaba desde 2023 para conectar sus yacimientos en San Juan a la red nacional de alta tensión. La admisión al régimen, bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), habilita una inversión inicial de hasta USD 9.700 millones en lo que se considera el mayor proyecto minero de la historia argentina.
El proyecto es operado por Vicuña, la empresa surgida de la alianza entre las mineras BHP (australiana) y la canadiense Lundin Mining para integrar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en el límite cordillerano de San Juan con Chile. Según la Evaluación Económica Preliminar presentada en febrero de 2026, el desarrollo completo de las tres etapas previstas podría alcanzar los USD 18.000 millones a lo largo de una década.
El Ministerio de Economía informó la aprobación con un comunicado que luego reposteó el ministro Luis Caputo: “La industria minera en San Juan sigue creciendo con más inversiones, más empleo y más exportaciones”. El mensaje precisó que el proyecto generará exportaciones anuales por más de USD 2.600 millones y creará 31.700 empleos directos e indirectos.
La estructura del proyecto se divide en tres fases. La primera, con un desembolso de USD 7.100 millones entre 2027 y 2030, se concentra en el depósito Josemaría con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora. La segunda etapa incorpora los recursos de óxidos de Filo del Sol para ampliar la capacidad productiva. La tercera prevé la expansión de esa planta, el desarrollo de los sulfuros de Filo del Sol y la construcción de infraestructura estratégica, entre ella una planta desalinizadora de agua y un sistema de transporte de concentrado. La admisión al RIGI cubre las dos primeras fases.
Los beneficios del PEELP incluyen la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución inmediata del IVA, la eliminación de retenciones desde el segundo año, el levantamiento de controles de capital a partir del tercero y estabilidad fiscal y legal por 40 años. La compañía había solicitado esa adhesión en diciembre de 2025.
La batalla eléctrica que frenó al proyecto durante tres años
Justo antes de la aprobación del RIGI, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) emitió la Resolución 330/2026, publicada el miércoles en el Boletín Oficial, con el certificado que habilita la construcción de las obras eléctricas que Vicuña necesitaba para llevar a cabo su operación. La inversión en esa infraestructura rondará los USD 800 millones y será financiada por la propia compañía, sin traslado de costos a los usuarios del sistema. La medida oficial también le otorga prioridad sobre el 90% de la capacidad generada por 25 años.
El proceso para obtener ese certificado se había iniciado en 2023 y se complicó en febrero de este año, cuando la resolución provisional del organismo que regula el gas y la electricidad en el país recibió oposiciones formales de varias provincias y empresas del sector. La demanda eléctrica del proyecto en su primera fase —260 MW— equivale a casi la mitad del consumo pico de toda la provincia de San Juan, que en el verano pasado alcanzó los 572 MW. En su fase final, los 700 MW requeridos superarían la demanda máxima histórica provincial.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE San Juan) planteó reparos sobre el impacto en el abastecimiento futuro de la provincia. La Secretaría de Energía de La Rioja objetó que las obras podrían comprometer la futura interconexión en 500 kV entre ambas provincias. Del lado privado, Andes Corporación Minera S.A. (ACMSA), titular del proyecto Los Azules impulsado por McEwen Copper, cuestionó las metodologías de cálculo de capacidad de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y advirtió que la prioridad otorgada podría bloquear el acceso de otros emprendimientos al corredor eléctrico. También presentaron oposiciones Barrick Mining, Golden Mining y Casposo Argentina.
El ENReGE rechazó todas las impugnaciones. Sostuvo que ninguna normativa provincial puede limitar los principios de libre acceso a la red eléctrica nacional y que la prioridad otorgada a Vicuña no bloquea a terceros, ya que cualquier otro proyecto puede financiar las ampliaciones que necesite bajo el marco regulatorio vigente.
Las obras comprenden cuatro componentes: la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo para que la línea existente pase de 132 kV a 500 kV; la construcción de una nueva línea de extra alta tensión de aproximadamente 167 kilómetros entre las estaciones Rodeo y Chaparro, con tramos a hasta 3.500 metros sobre el nivel del mar; la nueva Estación Transformadora Chaparro con tecnología GIS y previsiones para futuras interconexiones hacia el noroeste argentino; y una línea de 220 kV de unos 93 kilómetros hasta la Estación Transformadora Josemaría, con tramos a 4.550 metros de altura. Una vez finalizadas, todas las instalaciones pasarán a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) bajo operación de Transener, la concesionaria del transporte de alta tensión recientemente privatizada.
Según la Evaluación Económica Preliminar, Vicuña tiene el potencial de producir, durante sus primeros 25 años de operación, un promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata, con una vida útil inicial superior a 70 años. El CEO de la compañía, Ron Hochstein, había definido la decisión final de inversión como dependiente de la aprobación de los accionistas antes de fin de año.
El proyecto emplea actualmente a 2.743 trabajadores a nivel global, de los cuales 2.580 se desempeñan en la operación argentina —617 empleados directos y 1.963 a través de contratistas—. El 91,9% de esa dotación es argentina y más del 81% son sanjuaninos. La cadena de proveedores activa suma 245 empresas, con San Juan como principal concentrador: 150 firmas de la provincia representan el 61,2% del total.
La polémica anterior
La aprobación del RIGI llegó en medio de una controversia que sacudió al sector y que puso en agenda el debate entre la prioridad -o no- que tienen las empresas argentinas para proveer a este tipo de desarrollos, sobre todo en industrias pujantes como la minera o energética. Luego de un proceso licitatorio, Vicuña adjudicó el campamento Batidero —un complejo habitacional de alta montaña destinado a albergar a miles de trabajadores— a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA. La decisión desató el rechazo de sectores empresariales argentinos.
El consorcio asiático se impuso con una oferta de USD 52 millones frente a los USD 70 millones cotizados por la empresa nacional Modular Homes. La diferencia de USD 18 millones representa el 0,1% del total de la inversión proyectada. La ventaja del proveedor extranjero se apoyó, en parte, en la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital que el propio RIGI habilita: los módulos prefabricados de acero ingresan al país sin pagar arancel. El complejo prevé una capacidad inicial de 2.500 camas, con posibilidad de escalar hasta 6.000 plazas a medida que la demanda de mano de obra trepe hasta los 12.000 trabajadores.
Fuente: INFOBAE
Por: G. Herrera
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