Tratado Minero entre Argentina y Chile: cómo funciona el acuerdo que regula los proyectos binacionales

El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile fue creado para brindar un marco legal que permita el desarrollo de proyectos mineros con operaciones en ambos lados de la Cordillera de los Andes. Su objetivo es coordinar aspectos vinculados a la infraestructura, el tránsito de personas, el transporte de insumos y los procedimientos aduaneros necesarios para este tipo de emprendimientos.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que no reemplaza las competencias de los organismos públicos de cada país. Si bien las empresas interesadas pueden solicitar que un proyecto sea incorporado al régimen del Tratado y presentar los requerimientos necesarios para su ejecución, no intervienen en la toma de decisiones ni forman parte de los organismos encargados de administrarlo.

Para acceder a los beneficios previstos por el acuerdo, cada iniciativa debe superar un proceso de evaluación técnica, jurídica, ambiental, aduanera y migratoria tanto en Argentina como en Chile. Solo después de cumplir con esos requisitos puede elaborarse un Protocolo Adicional Específico (PAE), documento que fija las condiciones bajo las cuales el proyecto podrá desarrollarse.

La aprobación de ese protocolo corresponde a la Comisión Administradora Binacional, integrada exclusivamente por representantes de los gobiernos de ambos países. De esta manera, las autorizaciones, controles y supervisión continúan bajo la órbita de los Estados, que conservan todas sus facultades regulatorias.

El tratado fue suscripto el 29 de diciembre de 1997 en las ciudades de San Juan y Antofagasta, y en Argentina fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 25.243, sancionada el 23 de marzo de 2000.

Los principales puntos del Tratado

• Regula proyectos mineros que requieren operar en territorio argentino y chileno.
• No se aplica de manera automática: cada emprendimiento debe solicitar su incorporación al régimen.
• Las empresas pueden presentar solicitudes, pero no participan de las decisiones ni de la administración del Tratado.
• Los proyectos son analizados por organismos técnicos, legales, ambientales, aduaneros y migratorios de ambos países.
• La autorización se formaliza mediante un Protocolo Adicional Específico (PAE).
• La Comisión Administradora Binacional es el órgano encargado de aprobar los protocolos.
• Las facultades de control, fiscalización y decisión permanecen exclusivamente en manos de los gobiernos de Argentina y Chile.

Op: Juan Llarena