Por deudas del Estado provincial, reducen un 30% la frecuencia de colectivos en San Juan

Las crecientes demoras y quejas en las paradas de colectivos en San Juan tienen una confirmación oficial: las empresas de transporte redujeron un 30% el servicio en todas las líneas. Así lo ratificó el secretario general de UTA San Juan, Marcelo Maldonado, quien explicó que las compañías tomaron la medida debido a deudas acumuladas por el Estado provincial.

Según detalló el dirigente gremial, el sector empresario argumenta que los retrasos en los pagos por parte del Gobierno provincial corresponden principalmente a los subsidios de:

• Boletos escolares y docentes gratuitos.

• Compensación tarifaria (la diferencia entre el costo real del pasaje y lo que paga el usuario).

“Es una decisión que toma la Cámara Empresaria ante importantes deudas que mantiene el Estado. Racionan el combustible para poder seguir prestando el servicio y no cortarlo totalmente”, señaló Maldonado.

Un esquema de vacaciones en época lectiva

La modificación operativa implica que los colectivos están circulando con frecuencias propias de los períodos de receso escolar, un esquema no apto para la demanda habitual de esta época del año.

Esta reducción no solo afecta a miles de pasajeros que sufren esperas más extensas, sino también a los trabajadores. La UTA alertó que las frecuencias acortadas impiden que los choferes tengan los tiempos de descanso necesarios entre vuelta y vuelta.

“Están las ocho horas prácticamente sin poder hacer los descansos en los paraderos ni bajarse al baño”, denunció el gremialista, quien exigió a las empresas que adecúen los horarios para garantizar la salud de los conductores.

Salarios y monitoreo oficial

Pese a la tensión financiera, la Cámara Empresaria garantizó que el pago de los salarios no está en riesgo. Sin embargo, la preocupación persiste sobre la extensión que pueda tener la medida.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Transporte provincial comenzó un operativo de monitoreo en las distintas líneas para verificar el funcionamiento real de las unidades y constatar las denuncias de los usuarios antes de evaluar sanciones o requerir informes formales a las empresas prestatarias.

POR LIC. EUGENIA VILA