Causa Acueducto: rechazan la denuncia contra la jueza Mónica Lucero y desestiman el prevaricato

Los expresidentes de OSSE, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, sufrieron un duro revés judicial en su intento por frenar las actuaciones en torno a la causa que investiga presuntas irregularidades en la megaobra del Acueducto Gran Tulum.

A través de su abogado, Nasser Uzair, los exfuncionarios uñacistas habían denunciado por prevaricato a la jueza de Garantías Mónica Lucero, acusándola de dictar resoluciones arbitrarias e injustas. Sin embargo, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adolfo Díaz, desestimó la presentación al concluir que no existen indicios de delito, disponiendo el archivo de las actuaciones.

El origen de la controversia

La tensión entre la defensa de los exdirectivos y la Justicia escaló a mediados de junio, cuando la UFI Delitos Especiales solicitó prorrogar la investigación preliminar por 90 días:

• La audiencia cuestionada: La jueza otorgó un cuarto intermedio para notificar a la defensa, pero la audiencia se reanudó y la prórroga fue aprobada sin la presencia de Uzair.

• El pedido de ser parte: Posteriormente, la defensa solicitó incorporarse formalmente al expediente para tener acceso y producir pruebas. La jueza rechazó el planteo argumentando que Sirerol y Ruiz aún no están imputados ni formalmente investigados, ya que se encuentra en análisis la existencia misma de un delito en la obra.

• Cascada de recusaciones: Tras la negativa, la defensa recusó a la jueza, presentó la denuncia penal por prevaricato e intentó apartar a los fiscales de la UFI Delitos Especiales. Todos los planteos fueron rechazados.

La postura de la Fiscalía: «Inexistencia de delito»

El fiscal Adolfo Díaz fue contundente en sus fundamentos para archivar la denuncia contra la magistrada:

“De lo denunciado no se puede deducir la apariencia siquiera de la existencia de hechos ilícitos. La intervención de este Ministerio Público no tiene por fin evaluar el desempeño de los jueces en su cargo, sino la acusación de ilícitos penales. El dictado de resoluciones contrarias a la ley solo podría ser determinado por un tribunal superior, no por una apreciación de la Fiscalía ni por la mera invocación de las partes.”

Una causa en etapa de definiciones

El expediente sobre el Acueducto Gran Tulum se abrió a fines del año pasado tras una presentación del abogado Marcelo Arancibia para investigar presuntas maniobras ilícitas y uso de materiales inadecuados durante la gestión 2019-2023.

Con esta resolución, la jueza Mónica Lucero continuará al frente de las actuaciones mientras la UFI Delitos Especiales agota el plazo de prórroga para determinar si formula imputaciones formales.