Zonas frías: cuánto ahorraría el Gobierno si se modifica el régimen y qué ofreció a cambio para aprobar el proyecto
El oficialismo pretende conseguir la media sanción en el Senado de la iniciativa que redefine los zonas del país que reciben el subsidios al gas. El costo de la negociación política y el mal tiempo para su implementación
Tras la salida de Manuel Adorni de jefatura de Gabinete, el Gobierno busca relanzar la gestión e iniciar una nueva etapa en el Congreso. En ese sentido, el presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada y les solicitó avanzar a fondo con proyectos, entre ellos las modificaciones al régimen de Zonas Frías, que abarataba con subsidios la boleta de gas en determinadas provincias.
Es una iniciativa que resulta clave en términos del ahorro que implica para las cuentas públicas, pero que la negociación política llevó a que se hagan concesiones que podrían complicar revertir el objetivo deseado, sobre todo por este momento del año.
El Gobierno considera el proyecto de modificación del Régimen de Zonas Frías central en su estrategia para el gasto público, pues redefine cuáles regiones del país reciben subsidios en la tarifa de gas. Según pudo saber Infobae, el oficialismo diseñó la iniciativa para restringir el acceso a estos beneficios y así reducir el déficit estatal. Es que el esquema vigente genera un déficit de $485.000 millones y de prosperar la reforma, el ahorro estimado para las arcas estatales sería de $272.099 millones.
Sin embargo, durante la negociación en la Cámara de Diputados, el oficialismo enfrentó el desafío de sumar votos de provincias del norte. Para lograrlo, accedió —de palabra— a subsidiar también la electricidad en esas regiones, bajo el concepto de “Zona Cálida”. La promesa surgió en un contexto de tensión por la urgencia del oficialismo de conseguir la media sanción y así activar el ajuste fiscal previsto.
Fuentes involucradas en las negociaciones destacaron que el compromiso político incluyó la elaboración de un documento titulado “Resolución Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb (muy cálidas y cálidas)”. El texto contempla que para las zonas clasificadas como “muy cálidas” (Ia y Ib) el bloque adicional en los meses críticos sea de 300 kW/h, y para la “Zona Cálida” (IIb), de 200 kW/h. Las provincias destinatarias de este beneficio sería Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y Santa Fe.
Pero no se introdujo ningún articulo con ese detalle al proyecto. Por lo que la implementación de este subsidio eléctrico estará sujeto a una resolución del Economía, mecanismo que generó reparos en algunos sectores de la oposición. Desde ese grupo advierten que una medida de ese tipo, que depende de la discrecionalidad del Ejecutivo, podría no concretarse o modificarse con facilidad.
Esa promesa del Gobierno tiene costo fiscal: el subsidio a la electricidad oscila entre USD 71 millones y USD 95 millones anuales, según estimaciones oficiales. Calculado al tipo de cambio mayorista de $1.489, el monto se traduce en más de $141.000 millones, lo que representa casi la mitad del ahorro que el Gobierno buscaba con la reforma de “Zona Fría”.
Según información oficial de la Secretaría de Energía, el gasto que representa el nuevo esquema de subsidios eléctricos no se computó dentro del ahorro estimado por la reforma de “Zona Fría”. Mientras el ahorro potencial alcanzaría los $272.099 millones, el costo de los subsidios adicionales para electricidad podría absorber la mitad de ese monto.
La clave radica en el momento del año en que se implementaría estos cambios. Cuando el proyecto fue enviado al Congreso para redefinir qué hogares debían recibir el subsidio de gas por Zona Fría, el invierno se encontraba próximo. La parálisis legislativa, retrasó el tratamiento de la iniciativa y, en caso de aprobarse, aún restará esperar su reglamentación. El tiempo transcurrirá y se acercarán los meses en los que, si el Gobierno cumple su promesa, el gasto público crecerá por los nuevos subsidios eléctricos otorgados a las provincias del norte y centro del país.
Letra chica
El oficialismo impulsó un proyecto que propuso la sustitución del artículo 75 de la Ley 25.565 y del artículo 148 de la Ley 11.672, con el foco en restringir el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas. El texto estableció que el fondo solo financie compensaciones a empresas proveedoras por ventas de gas natural y gas licuado de petróleo en la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna. Además, incluyó la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.
El proyecto determinó que el recargo para financiar el fondo podrá alcanzar hasta el 7,5%sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicándose a todos los metros cúbicos comercializados por redes a nivel nacional, salvo los exportados o los inyectados por GNL importado y regasificado.
También redefinió el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría, limitando la ayuda a las regiones históricas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna, y dejando afuera a provincias que ingresaron con la ampliación de 2021: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras.
Es que en la extensión de 2021, el Congreso amplió el criterio a partir de parámetros bioambientales, lo que llevó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. El fuerte crecimiento de beneficiarios tensionó el Fondo Fiduciario y llevó al Gobierno a revisar el esquema de financiamiento, con el objetivo de ajustar el gasto público y redefinir quiénes reciben el subsidio por zona fría.
Fuente: Infobae
Rivero. C
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