Imputan a dos arquitectos y a un empresario por una presunta estafa de US$240.000 destinada a un complejo en Rawson

Dos arquitectos sanjuaninos y un empresario inmobiliario fueron imputados en una causa que investiga una presunta estafa por 240.000 dólares, dinero que, según la denuncia, fue entregado como préstamo para finalizar un complejo habitacional en Rawson y nunca fue devuelto.

Los acusados son Esteban Fernández De Cieza, María José Garcés Correa y Ricardo Javier Sánchez Montilla. El fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo, imputó a Fernández De Cieza y a Sánchez Montilla como presuntos coautores del delito de estafa, mientras que Garcés Correa quedó vinculada a la causa como presunta partícipe secundaria.

De acuerdo con la investigación, el dinero fue entregado a fines de 2023 por dos abogados con el compromiso de financiar la finalización del emprendimiento inmobiliario. Como garantía del préstamo se ofrecieron departamentos del complejo y varios vehículos que podrían ejecutarse en caso de incumplimiento.

Sin embargo, cuando los prestamistas intentaron hacer efectivas esas garantías, descubrieron que parte de los inmuebles ya había sido vendida y que algunos de los vehículos también habían sido transferidos antes de la firma del acuerdo. Para la Fiscalía, esos elementos permiten sospechar que no existían bienes suficientes para respaldar la operación.

La denuncia fue presentada en octubre de 2025, luego de que los acreedores concluyeran que el préstamo no sería restituido y que el incumplimiento habría existido desde el inicio de la negociación.

Durante este año las partes intentaron resolver el conflicto mediante un acuerdo extrajudicial. La propuesta contemplaba que Sánchez Montilla abonara una parte de la deuda en cinco cuotas de 20.000 dólares, mientras que el matrimonio de arquitectos asumiría el saldo restante. No obstante, el entendimiento fracasó porque, según la investigación, solo se pagó una cuota por parte de los arquitectos y el empresario no concretó el primer desembolso comprometido.

Tras el fracaso de esa negociación, la Fiscalía formalizó la imputación. La jueza de Garantías Mabel Moya dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de doce meses y resolvió que los tres imputados continúen el proceso en libertad.

Además, ordenó el embargo preventivo y la inhibición general de bienes sobre el matrimonio de arquitectos, mientras que no hizo lugar a esa medida respecto de Sánchez Montilla.

Durante la audiencia, la defensa del empresario sostuvo que su representado no firmó la documentación vinculada al préstamo y que las garantías fueron asumidas exclusivamente por la pareja de arquitectos. La investigación continuará para determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados.