La Ley de Desarrollo Local Minero comienza su debate en Diputados y el oficialismo busca un rápido dictamen

La Cámara de Diputados de San Juan iniciará este lunes el tratamiento formal del proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer la participación de trabajadores y proveedores locales en la actividad minera.

El debate comenzará a las 9 con una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, y Minería y Energía. Del encuentro participarán el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Gustavo Fernández; y podría sumarse también el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

El presidente del bloque oficialista, Juan de la Cruz Córdoba, señaló que el proyecto ya fue analizado por los legisladores durante las últimas semanas y no descartó que el mismo lunes obtenga dictamen de comisión.

“Los diputados tenemos acceso al proyecto desde hace dos semanas, por lo que ya pudimos leerlo y estudiarlo”, explicó el legislador, quien además indicó que las comisiones volverán a escuchar a representantes del sector, entre ellos la Cámara Minera y la Cámara de Emprendedores, antes de emitir despacho.

El oficialismo apuesta a un tratamiento ágil apoyado en el consenso que, según destacan desde el Gobierno, la iniciativa logró previamente con cámaras empresarias de la construcción, la industria y la minería. En esa línea, el vicegobernador Fabián Martín sostuvo que ese respaldo facilitará el avance legislativo y permitirá una aprobación más rápida.

Los principales ejes de la ley

El proyecto busca que las inversiones mineras generen un mayor impacto en la economía provincial. Entre sus puntos centrales establece que al menos el 80% del personal contratado por los proyectos mineros sea sanjuanino, con prioridad para los habitantes de los departamentos donde se desarrollen las explotaciones.

También fija como objetivo que un mínimo del 60% de las compras de bienes, obras y servicios sean realizadas a proveedores radicados en San Juan, siempre que reúnan condiciones competitivas.

Además, crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), obliga a las empresas a presentar planes de empleo y desarrollo de proveedores con metas medibles e incorpora incentivos fiscales para aquellas compañías que cumplan con los objetivos de contratación local y compras provinciales.

Desde el Ejecutivo sostienen que la norma permitirá potenciar el impacto económico de las inversiones previstas para el sector, que superan los 31.200 millones de dólares en cinco proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Si el cronograma previsto se cumple, el proyecto obtendría dictamen esta semana y quedaría en condiciones de ser tratado en el recinto durante las primeras sesiones de julio.