El Gobierno impulsa una nueva ley del IPV con sorteos obligatorios, puntajes y requisitos más estrictos

El Gobierno de San Juan trabaja en un proyecto de ley para reformar el funcionamiento del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La iniciativa propone cambios profundos en el sistema de adjudicación de casas, con el objetivo de que todas las viviendas se asignen exclusivamente mediante sorteos públicos, previa calificación de los postulantes a través de un sistema de puntajes.

Así lo confirmó el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, quien aseguró que la intención de la gestión de Marcelo Orrego es dejar atrás las adjudicaciones por planilla y cualquier mecanismo de intermediación.

“La idea es establecer un sistema mucho más transparente, donde quien reúna las condiciones fijadas por la ley tenga la posibilidad de participar de un sorteo para acceder a una vivienda”, afirmó el funcionario.

El nuevo esquema pondrá en funcionamiento un sistema de puntajes previsto en la legislación vigente, pero que nunca fue reglamentado. A partir de allí, los aspirantes serán evaluados según distintos criterios sociales, económicos y familiares antes de integrar el padrón habilitado para los sorteos.

Más requisitos para acceder a una vivienda

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la composición del grupo familiar, la capacidad de afrontar el pago de las cuotas, la situación laboral y el cumplimiento de determinadas obligaciones legales.

Además, Ferrari adelantó que la inexistencia de antecedentes penales tendrá peso en la evaluación, aunque aclaró que no implicará una exclusión automática. También se analizará si el postulante registra incumplimientos en el pago de cuotas alimentarias.

La futura ley también establecerá nuevas causales para perder una vivienda ya adjudicada. Según explicó el funcionario, condenas por delitos graves, como hechos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, homicidios o robos agravados, podrán ser consideradas para desafectar el inmueble cuando esas conductas resulten incompatibles con los objetivos de la política habitacional.

El fin de las adjudicaciones por planilla

Otro de los ejes de la reforma apunta a eliminar el sistema mediante el cual algunos sindicatos o intermediarios confeccionaban listados de beneficiarios o comercializaban carpetas vinculadas a futuros barrios.

Ferrari sostuvo que en muchos casos esas operatorias se apoyaban en compromisos informales asumidos por gestiones anteriores y aclaró que el IPV no mantiene obligaciones firmadas con varios de esos proyectos.

“Se terminaron las adjudicaciones por planilla o de manera irregular; acá va todo el mundo al sorteo”, remarcó.

El funcionario reconoció que existen personas que actuaron de buena fe y resultaron perjudicadas tras adquirir carpetas o terrenos con la expectativa de acceder a una vivienda. Sin embargo, aseguró que la nueva normativa buscará garantizar igualdad de condiciones para todos los inscriptos y evitar que terceros intervengan en el proceso de adjudicación.

Con esta reforma, el Ejecutivo pretende unificar el mecanismo de acceso a las viviendas sociales bajo reglas comunes, con criterios objetivos, puntajes y sorteos públicos como única vía para la adjudicación.