El Gobierno analiza distintos modelos para implementar un retiro voluntario en la administración pública

El Gobierno de San Juan avanza en el análisis de un régimen de retiro voluntario para empleados de la administración pública provincial. Así lo confirmó el asesor letrado, Alejandro Ferrari, quien explicó que el Ministerio de Economía evalúa distintos modelos aplicados en otras jurisdicciones para definir cuál se adapta mejor a la realidad local.

“Hay distintos sistemas y estamos viendo cuál es el que mejor se ajusta. Incluso se puede hacer un mix de distintos modelos”, sostuvo el funcionario durante una entrevista en el programa Café de la Política.

Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis figura un esquema similar al implementado en San Juan en 2003, que contemplaba el pago de un porcentaje del salario junto con el mantenimiento de los aportes sociales. También se estudian modalidades que prevén el cobro de una cantidad determinada de haberes sin obligación de asistir al lugar de trabajo o regímenes de “trabajador pasivo”, con una remuneración reducida hasta una eventual reasignación de funciones.

Ferrari aclaró que el objetivo no es avanzar con una reducción indiscriminada de personal, sino implementar un mecanismo que permita disminuir progresivamente la planta estatal sin afectar el funcionamiento de los organismos públicos.

“No se puede decir de un día para el otro que se reduce determinada cantidad de personal, porque también sufre la gestión”, afirmó.

En ese sentido, indicó que el eventual régimen deberá contemplar las necesidades de cada área. Salud y Educación, por ejemplo, tienen regímenes laborales específicos y requieren mantener la cobertura de funciones esenciales.

El funcionario también confirmó que la intención oficial es acompañar el retiro voluntario con un freno a las incorporaciones. “La idea es establecer el régimen y bloquear el acceso, porque si no estamos borrando con el codo lo que pretendemos escribir con la mano”, expresó.

Según detalló Ferrari, la administración provincial cuenta actualmente con unos 53.000 trabajadores. No obstante, aclaró que, en principio, las sociedades del Estado como OSSE o EPSE no formarían parte de este esquema, ya que sus empleados se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo.

Finalmente, vinculó la iniciativa con el proceso de modernización del Estado y la futura implementación del expediente digital. Si bien reconoció que la digitalización reducirá algunas tareas administrativas, sostuvo que ese cambio también requerirá capacitar y reconvertir al personal para adaptarlo a las nuevas funciones.