Reubicaron a los acusados de Branka Motors tras denunciar amenazas y agresiones en el Penal de Chimbas

La defensa de los tres imputados por la presunta estafa aseguró que sufrían hostigamientos y hechos de violencia dentro del Servicio Penitenciario. Ante el planteo, las autoridades dispusieron su traslado a otro pabellón.

Los tres imputados por la causa Branka Motors fueron trasladados a otro sector del Servicio Penitenciario Provincial luego de que su defensa denunciara que habían sido víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones durante los primeros días de su alojamiento en el Penal de Chimbas.

La presentación fue realizada por el abogado José Daniel Tejada, quien representa a Alexis Javier Marcó, Jonatan David Marcó y Facundo Agustín Banega. Los tres cumplen prisión preventiva en el marco de la investigación por una presunta estafa que habría perjudicado a cientos de ahorristas. Según expuso el defensor, sus asistidos permanecían alojados en el Pabellón Nº 2, Sector 1, donde habrían sufrido distintos episodios de violencia por parte de otros internos.

Frente al riesgo de que esos hechos se repitieran o escalaran, solicitó una medida urgente para preservar su integridad física. Tras evaluar el planteo, las autoridades penitenciarias hicieron lugar al pedido y resolvieron trasladar a los detenidos al Sector 4, Pabellón 1, conocido como “Los Espartanos”.

Los hermanos Marcó y Banega habían regresado recientemente a prisión preventiva luego de que fracasara el acuerdo de reparación económica que habían presentado ante la Justicia. Ese compromiso contemplaba el pago de $524 millones a los damnificados, pero el primer desembolso nunca se concretó. Durante la última audiencia, la fiscalía sostuvo que los imputados incumplieron el acuerdo y cuestionó la falta de voluntad para reparar el perjuicio ocasionado. Las querellas, en tanto, afirmaron que el incumplimiento volvió a perjudicar a las víctimas de la causa.

Finalmente, la jueza de Garantías Ana Carolina Parra dejó sin efecto el convenio, ordenó la continuidad de la investigación penal y dispuso nuevamente la prisión preventiva por cinco meses al considerar que subsisten riesgos procesales. En ese contexto, y mientras los acusados permanecen detenidos, la denuncia por las condiciones de alojamiento derivó en el cambio de pabellón dispuesto por las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.