Confirman condena a una jubilada que deberá devolver más de $4 millones cobrados por error durante nueve años
La mujer notificó su jubilación al Ministerio de Salud, pero siguió percibiendo salarios por una falla administrativa. La Justicia entendió que, aunque el error fue estatal, corresponde la restitución de los fondos.
La Justicia provincial confirmó la condena contra una exempleada del Ministerio de Salud Pública que deberá reintegrar más de 4,2 millones de pesos percibidos de manera indebida luego de que el Estado continuara depositándole salarios durante casi nueve años después de su jubilación.
La mujer había comunicado formalmente su baja laboral el 12 de noviembre de 2013 tras acceder al beneficio jubilatorio. Sin embargo, por razones que la administración atribuyó a un error en los procesos de liquidación, los haberes continuaron depositándose regularmente en su cuenta sueldo hasta diciembre de 2022.
Ante la detección de la irregularidad, Fiscalía de Estado promovió una demanda para recuperar los fondos abonados. El planteo fue admitido en primera instancia por el juez Walter Otiñano, titular del Octavo Juzgado Civil, quien consideró aplicable el principio jurídico que obliga a restituir aquello recibido sin una causa legítima que lo justifique.
La mujer sostuvo durante el proceso que nunca actuó de mala fe y que creyó que los depósitos correspondían a reclamos salariales pendientes o a beneficios derivados de programas nacionales para jubilados. Sin embargo, la Justicia entendió que la buena fe invocada no elimina la obligación de devolver sumas percibidas sin respaldo legal.
La decisión fue ratificada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, integrada por los jueces Sergio Saffe, Abel Soria y Carlos Fernández Collado. Los magistrados señalaron que el error administrativo que originó los pagos no transforma en legítima la percepción de fondos públicos durante un período tan prolongado.
En su resolución, la Cámara destacó que el enriquecimiento sin causa genera el deber de restitución, independientemente de quién haya provocado el error inicial. También rechazó los planteos de la defensa vinculados a una supuesta vulneración del derecho de defensa y confirmó la validez del reclamo impulsado por el Estado.
Con el fallo firme, la mujer deberá afrontar la devolución de los montos percibidos indebidamente, una suma que podría incrementarse por la aplicación de intereses hasta el efectivo pago.
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