Cientos de ahorristas siguen esperando respuestas tras el pase de la causa Global Market al fuero federal

La incertidumbre continúa para los cientos de ahorristas que denunciaron a la firma Global Market y esperan recuperar los fondos invertidos. A varios meses del inicio de la investigación, la causa ingresó en una nueva etapa judicial tras ser remitida al fuero federal, una situación que mantiene en suspenso definiciones clave para los damnificados.

El expediente fue enviado a la Justicia Federal luego de que la Justicia provincial se declarara incompetente para seguir interviniendo en el caso. Ahora, los magistrados federales deberán resolver si aceptan formalmente la competencia o si consideran que las actuaciones deben regresar a la órbita ordinaria.

La abogada querellante Vanesa Laciar, representante de un grupo de ahorristas afectados, confirmó que toda la documentación ya fue remitida al ámbito federal. Sin embargo, advirtió que mientras no exista una definición sobre qué jurisdicción llevará adelante la investigación, el avance de medidas de fondo permanece prácticamente paralizado.

Según precisó la letrada, la causa acumula alrededor de 47 denuncias formales y el monto total reclamado superaría los 4.000 millones de pesos. Ante esa magnitud, insistió en la necesidad de que la Justicia adopte medidas cautelares que permitan resguardar bienes y activos eventualmente vinculados a los responsables de la firma.

“La prioridad es preservar patrimonio que pueda servir para responder a los damnificados en caso de que la investigación avance y se determinen responsabilidades”, sostienen desde la querella.

Mientras tanto, también se produjeron algunos acercamientos entre representantes legales de los denunciantes y abogados vinculados a los directivos de Global Market. Según explicó Laciar, desde la otra parte manifestaron la intención de analizar un eventual esquema de devolución de fondos.

No obstante, la representante de los ahorristas consideró que las propuestas conocidas hasta el momento no ofrecen garantías suficientes. Entre los cuestionamientos mencionó los extensos plazos previstos para los pagos y la falta de mecanismos concretos que aseguren el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Con el expediente ahora en manos de la Justicia Federal, los damnificados aguardan una definición sobre la competencia y esperan que la investigación retome impulso. Mientras tanto, el reclamo por la recuperación de los fondos continúa sin respuestas concretas.