Tras el caso Paredes, instalarán cámaras en comisarías alejadas de San Juan

La muerte de Daniel Alberto “Pichi” Paredes en la Comisaría 12 de Valle Fértil generó un fuerte impacto institucional y aceleró una decisión que la Secretaría de Seguridad considera prioritaria: dotar de cámaras de vigilancia a las dependencias policiales ubicadas en los departamentos más alejados de la provincia.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó que el Gobierno provincial ya trabaja en la obtención de los recursos necesarios para avanzar con la compra e instalación de los equipos. El objetivo es reducir las diferencias tecnológicas existentes entre las comisarías del Gran San Juan y aquellas que funcionan en zonas más distantes.

“Estamos trabajando con la Subsecretaría de Administración Financiera para obtener los recursos necesarios”, señaló el funcionario, quien remarcó que las primeras incorporaciones estarán destinadas a dependencias que actualmente carecen de sistemas de monitoreo o cuentan con infraestructura insuficiente.

La decisión se conoce dos meses después de la muerte de Paredes, ocurrida el 23 de abril mientras permanecía detenido en la Comisaría 12. La investigación aún continúa y uno de los principales inconvenientes para reconstruir lo sucedido fue, precisamente, la ausencia de cámaras en el sector donde el hombre fue hallado sin vida.

Desde Seguridad consideran que la incorporación de tecnología permitirá contar con evidencia objetiva ante hechos ocurridos bajo custodia estatal, además de fortalecer los mecanismos de control y transparencia institucional.

La iniciativa también busca mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y generar registros permanentes que puedan ser utilizados tanto en investigaciones judiciales como en actuaciones administrativas internas.

Respecto a los efectivos que se encontraban de servicio al momento del fallecimiento, Delgado indicó que por ahora no existen elementos suficientes para adoptar sanciones o apartamientos preventivos. Explicó que la causa avanza por dos vías paralelas: la investigación judicial encabezada por el fiscal Francisco Pizarro y el expediente administrativo que tramita la Subsecretaría de Control de Gestión.

“Para tomar una medida urgente debe existir una posible responsabilidad que resulte evidente, y hasta el momento eso no ocurre”, sostuvo el funcionario, aunque aclaró que cualquier novedad relevante en la causa podría derivar en decisiones internas.

Mientras tanto, la familia de Paredes continúa reclamando respuestas. A través de su abogado querellante, Marcelo Sandez, solicitó la imputación de los policías que estaban de guardia al momento del hecho por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los allegados a la víctima también cuestionan la hipótesis de suicidio y plantean dudas sobre distintos aspectos del procedimiento posterior al fallecimiento, por lo que insisten en que se profundicen las medidas investigativas.

En ese contexto, el Gobierno provincial apuesta a que la incorporación de cámaras en las comisarías del interior permita evitar futuras controversias y garantizar registros que aporten claridad ante cualquier episodio ocurrido bajo custodia policial.