La crisis institucional que atraviesa el Colegio de Psicólogos de San Juan continúa profundizándose. Luego de la renuncia de la totalidad de la Junta Directiva, las autoridades salientes emitieron un extenso comunicado en el que rechazaron las denuncias formuladas en su contra, defendieron la administración realizada durante su mandato y confirmaron que recurrirán a la Justicia para determinar responsabilidades en torno a las acusaciones que motivaron el conflicto.

La controversia se originó a partir de cuestionamientos planteados por las revisoras de cuentas y un sector de matriculados, quienes señalaron presuntas irregularidades administrativas, financieras y de funcionamiento dentro de la institución. Frente a ello, la conducción sostuvo que fue objeto de una campaña de hostigamiento y desacreditación que afectó el normal desempeño de sus funciones.

En el documento difundido públicamente, las autoridades aseguraron que las acusaciones carecen de sustento y afirmaron que durante su gestión se implementaron medidas destinadas a ordenar la situación administrativa y económica del Colegio, respetando las disposiciones estatutarias y las decisiones adoptadas por los profesionales matriculados.

Según explicaron, al asumir encontraron obligaciones pendientes correspondientes a períodos anteriores y pusieron en marcha un proceso de regularización que incluyó intimaciones y una moratoria para profesionales con incumplimientos en sus obligaciones matriculares. De acuerdo con la versión de la Junta Directiva, estas acciones permitieron normalizar la situación de cientos de matriculados y fortalecer la estructura financiera de la institución.

En materia económica, la conducción defendió los resultados de su gestión y aseguró que el último ejercicio registró un superávit superior a los 120 millones de pesos. También justificó la utilización de herramientas financieras consideradas de bajo riesgo para preservar el valor de los fondos institucionales en un contexto inflacionario.

El comunicado también contiene críticas hacia quienes impulsaron las denuncias. Las autoridades sostienen que se trata de un grupo minoritario que desconoce la legitimidad de las autoridades electas y cuestionaron la difusión de documentación interna, al considerar que información institucional fue compartida fuera de los canales correspondientes.

Respecto de las renuncias presentadas por todos los integrantes de la Junta Directiva, la conducción fue categórica al desvincular esa decisión de cualquier irregularidad administrativa. Según expresaron, la determinación respondió al clima de conflicto interno y a situaciones que calificaron como hostigamiento, coacción y violencia institucional sostenidas en el tiempo.

En ese contexto, anunciaron que presentarán ante la Justicia documentación, informes y actas con el objetivo de respaldar cada una de las afirmaciones realizadas en el comunicado y esclarecer los hechos denunciados durante los últimos meses.

Mientras avanza la transición institucional, las autoridades salientes señalaron que el Colegio de Psicólogos continuará prestando servicios y cumpliendo con sus funciones habituales hasta la finalización formal de su mandato, prevista para el próximo 30 de junio, cuando deberán activarse los mecanismos institucionales destinados a la renovación de autoridades.

La situación mantiene en vilo a buena parte de la comunidad profesional sanjuanina, mientras las distintas partes sostienen posiciones contrapuestas y el conflicto se encamina ahora hacia una instancia judicial que podría aportar definiciones sobre las denuncias y responsabilidades planteadas.