Baigorrí centraliza la comunicación del Ministerio Público y limita el contacto directo entre fiscales y periodistas

El Ministerio Público Fiscal de San Juan implementó un nuevo esquema de comunicación institucional que modifica la relación directa entre fiscales y medios de prensa. La medida fue dispuesta por el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, mediante una resolución que establece que toda información vinculada a investigaciones judiciales y actividades del organismo deberá canalizarse a través de la Oficina de Comunicaciones.

La decisión quedó plasmada en la Resolución General Nº 26/2026, que aprueba el “Protocolo de Actuación para el Manejo de Información Pública del Ministerio Público de San Juan”. El documento será de cumplimiento obligatorio para fiscales, asesores, funcionarios y agentes que intervengan en la producción o difusión de información institucional.

Entre los principales cambios, el protocolo determina que la Oficina de Comunicaciones será el canal prioritario para la elaboración de comunicados, la organización de entrevistas y la gestión del vínculo con los medios de comunicación.

Además, la normativa indica que los integrantes del Ministerio Público deberán evitar brindar información informal o extraoficial sobre causas en trámite y recomienda no mantener intercambios permanentes con periodistas respecto de investigaciones judiciales. Las consultas de la prensa deberán ser derivadas a la oficina correspondiente o contar con autorización expresa del Fiscal General.

El protocolo también fija límites sobre el contenido de las declaraciones públicas. Los funcionarios solo podrán difundir información objetiva y previamente autorizada, evitando opiniones personales, valoraciones sobre pruebas, detalles de estrategias investigativas o expresiones que puedan interferir en el desarrollo de las causas.

Uno de los puntos más relevantes del documento está relacionado con las consecuencias ante posibles incumplimientos. Aunque no se establece una sanción específica por mantener contacto con periodistas, la resolución prevé responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles e incluso penales para quienes difundan información reservada o no autorizada.

En ese sentido, la normativa dispone que cualquier filtración o circulación indebida de datos institucionales o judiciales deberá ser informada al Fiscal General, quien podrá evaluar la adopción de medidas internas o acciones legales según la gravedad del caso.

La protección de datos sensibles ocupa un lugar central dentro del protocolo. Queda expresamente prohibida la difusión de información que permita identificar a víctimas de delitos sexuales, menores de edad, testigos protegidos o personas en situación de vulnerabilidad. Tampoco podrán divulgarse expedientes completos, declaraciones testimoniales, informes médicos o documentación alcanzada por reserva judicial.

Desde el Ministerio Público sostienen que la iniciativa busca fortalecer la transparencia institucional, ordenar los canales de comunicación y garantizar el respeto de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad de las víctimas y el correcto desarrollo de las investigaciones.

La implementación del nuevo protocolo marca un cambio significativo en la dinámica de comunicación judicial de la provincia, históricamente caracterizada por un contacto más directo entre fiscales y periodistas.