La Justicia y el Gobierno aceleran preparativos para aplicar la Ley Penal Juvenil en San Juan

San Juan avanza en las tareas de adecuación necesarias para la implementación de la Ley Penal Juvenil, cuya entrada en vigencia está prevista para septiembre. Desde la Corte de Justicia advirtieron que la provincia deberá afrontar importantes desafíos en materia de infraestructura y coordinación institucional para cumplir con las exigencias establecidas por la nueva normativa.

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, confirmó que ya existe un trabajo conjunto entre distintos organismos estatales con el objetivo de garantizar la correcta aplicación del régimen.

“Estamos trabajando para poder dar la cobertura que la ley prevé para estos casos”, señaló el magistrado al referirse a los cambios que deberá afrontar el sistema judicial sanjuanino.

Olivares Yapur explicó que la implementación de la ley excede las competencias del Poder Judicial y requiere una articulación permanente con el Poder Ejecutivo y otros organismos provinciales.

“Es una problemática que no sólo comprende al Poder Judicial, comprende también al Poder Ejecutivo”, remarcó.

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la necesidad de contar con espacios adecuados para el alojamiento de adolescentes que entren en conflicto con la ley penal. En ese sentido, el titular de la Corte enfatizó que los menores no pueden ser alojados en establecimientos destinados a adultos.

“La provincia tiene que tener un lugar de alojamiento para los menores, que no puede ser el penal de Chimbas”, sostuvo.

Actualmente, San Juan no cuenta con un espacio específico que reúna esas condiciones. Sin embargo, Olivares Yapur destacó que existen avances vinculados a obras e intervenciones en el Instituto Nazario Benavides, que podrían aportar soluciones parciales frente a este nuevo escenario.

El magistrado aclaró que las decisiones relacionadas con la creación y adecuación de estos espacios dependen principalmente del Poder Ejecutivo, mientras que desde el Poder Judicial se trabaja en la planificación y coordinación necesarias para la puesta en marcha del sistema.

Además, indicó que se mantienen reuniones y conversaciones con distintos actores institucionales, entre ellos el Foro de Abogados, el gobernador Marcelo Orrego y autoridades provinciales, con el objetivo de evaluar alternativas y garantizar que la implementación de la ley pueda concretarse dentro de los plazos establecidos.

La entrada en vigencia de la Ley Penal Juvenil representará un cambio significativo en el abordaje de los delitos cometidos por menores de edad, por lo que tanto la Justicia como el Gobierno provincial buscan llegar a septiembre con las condiciones necesarias para responder a las nuevas demandas que impondrá el régimen.

Op: Juan Llarena