Orrego envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero: metas de empleo, compras y beneficios fiscales

El gobernador Marcelo Orrego firmó y remitió formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de la “Ley para el Desarrollo Local Minero”. La normativa busca establecer reglas claras de previsibilidad y transparencia para que los megaproyectos mineros enmarcados en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) —que prevén inversiones por más de USD 31.200 millones en la provincia— generen un impacto directo en el empleo y la cadena de valor local.

A diferencia de normativas anteriores, la propuesta no impone cupos obligatorios por ley que atenten contra la libre competencia, sino que obliga a las operadoras y a sus grandes contratistas a planificar, medir y rendir cuentas públicamente mediante Planes de Desarrollo actualizables cada dos años.

“La riqueza mineral debe quedarse, multiplicarse y llegar a las familias”, destacó el Ministro de Minería, Juan Pablo Perea, al defender la iniciativa. Por su parte, el Ministro de la Producción, Gustavo Fernández, aclaró que el alcance no es solo para empresas prestadoras, sino que el foco principal está en promover el empleo de residentes sanjuaninos.

Los tres ejes y las metas clave del proyecto

La propuesta del Ejecutivo se sostiene sobre tres pilares fundamentales articulados en base a metas progresivas y medibles:

• 80% de Empleo Local: Las operaciones mineras deberán alcanzar este porcentaje de trabajadores residentes en San Juan, otorgando prioridad absoluta a los habitantes de los departamentos de influencia directa (como Iglesia, Jáchal y Calingasta).

• 60% de Compras Sanjuaninas: El objetivo apunta a que ese porcentaje del monto anual de contratación de bienes, obras y servicios se destine a firmas locales, siempre que existan condiciones competitivas de mercado.

• Planificación Municipal: Vincula las inversiones voluntarias de las mineras en salud, educación e infraestructura con los planes estratégicos de cada municipio para evitar esfuerzos aislados.

El RE.PRO.MIN y los incentivos fiscales

Para garantizar la transparencia, el proyecto estipula la creación del RE.PRO.MIN (Registro de Proveedores Mineros de San Juan), una plataforma digital y pública. Para ser consideradas dentro de las metas de las mineras, las empresas proveedoras deberán acreditar un arraigo real: domicilio operativo en la provincia, tributación local y un mínimo de 80% de personal sanjuanino.

Premio al cumplimiento

Aquellas empresas mineras que logren cumplir simultáneamente con el 80% de empleo local y el 60% de compras provinciales recibirán un Certificado de Crédito Fiscal transferible. Este bono podrá ser cedido a sus pymes proveedoras para la cancelación de impuestos provinciales, dinamizando la economía interna.

Controles, sanciones y consenso político

El Ministerio de Minería actuará como Autoridad de Aplicación, respaldado por un Consejo Consultivo público-privado y una Unidad Técnica Interministerial que auditará que el valor agregado local sea real.

El texto prevé multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias ante incumplimientos injustificados o falsedad en las declaraciones. No obstante, se eximirá de sanción a las operadoras que demuestren haber realizado esfuerzos de capacitación y comprueben la inexistencia de oferta local competitiva en el mercado.

La nueva norma derogará la Ley 1208-M (que jamás llegó a implementarse) y otorgará plazos de entre 60 y 90 días para que las mineras presenten sus esquemas iniciales una vez aprobada. Desde el oficialismo confirmaron que, tras intensas reuniones con la oposición, existe un consenso transversal en la Legislatura para garantizar el rápido tratamiento y aprobación de la ley.

POR LIC. EUGENIA VILA