Acueducto Gran Tulum: la investigación avanza y los fiscales creen que hay indicios de un posible delito

La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum entró en una etapa clave. Los fiscales de la UFI Delitos Especiales solicitarán una prórroga de 90 días para continuar reuniendo pruebas y profundizar el análisis de una causa que, según fuentes vinculadas al expediente, ya cuenta con elementos que permitirían sostener la posible existencia de un delito.

El pedido será evaluado por la jueza Mónica Lucero en una audiencia prevista para este martes, luego de que venciera el plazo inicial de investigación abierto en diciembre pasado.

La pesquisa está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes trabajan sobre una serie de presuntas irregularidades vinculadas a la construcción de la megaobra hídrica. El objetivo es determinar si existieron responsabilidades penales durante el proceso de licitación, ejecución y control de los trabajos realizados.

De acuerdo con fuentes judiciales, la hipótesis de investigación se fortaleció a partir de la documentación reunida durante los últimos meses. Entre las pruebas incorporadas figura un informe técnico elaborado por Industrias Metalúrgicas Jaime en junio de 2020, que analiza el sistema de ensamblado por electrofusión de los caños de polietileno de alta densidad utilizados en la obra.

El documento contiene observaciones sobre los materiales empleados, los procedimientos de instalación y los controles efectuados durante la ejecución del proyecto, aspectos que hoy forman parte del análisis judicial.

Además, los investigadores revisaron más de 90 cajas de expedientes remitidas por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y distintas áreas del Gobierno provincial. A ello se suman dispositivos de almacenamiento con documentación digital proveniente del Ministerio de Infraestructura, que continúan siendo peritados.

La complejidad de la causa llevó al fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, a reforzar el equipo de trabajo con la incorporación de otros dos fiscales y cuatro ayudantes fiscales dedicados exclusivamente al estudio del expediente.

Uno de los puntos centrales de la investigación es el impacto económico derivado del retiro de aproximadamente 10 kilómetros de cañerías ya instaladas. Desde el Gobierno provincial estiman que las pérdidas asociadas a esa situación rondarían los 50 millones de dólares.

La obra del Acueducto Gran Tulum había sido licitada por cerca de 200 millones de dólares y financiada mediante aportes del Estado nacional y créditos internacionales provenientes de Kuwait y Australia.

Como parte de las medidas probatorias, el pasado 10 de marzo fiscales, peritos, personal de Policía Científica y operadores de drones realizaron una inspección integral del trazado del acueducto, desde el Dique Punta Negra hasta la planta potabilizadora de OSSE en Marquesado. El objetivo fue contrastar la documentación técnica incorporada al expediente con el estado real de la obra.

Si la jueza hace lugar al pedido de prórroga, los investigadores contarán con tres meses adicionales para completar el análisis de la prueba y definir si corresponde avanzar hacia la Instrucción Penal Preparatoria (IPP), etapa formal en la que podrían comenzar a delimitarse eventuales responsabilidades penales.

Por el momento no hay personas imputadas, aunque la presentación fiscal menciona la necesidad de investigar la posible participación de funcionarios que integraron la gestión provincial entre 2019 y 2023.