El fiscal General de San Juan, Guillermo Baigorrí, resolvió darle carácter prioritario a las investigaciones vinculadas a presuntos hechos de corrupción cometidos contra el Estado y ordenó un seguimiento bimestral de cada expediente para monitorear su avance.
La medida quedó formalizada en la Resolución General N°22, firmada esta semana, donde se establece que las causas por delitos contra la administración pública deberán recibir un “tratamiento primordial” dentro del Ministerio Público Fiscal.
En ese marco, Baigorrí instruyó a los fiscales de la Unidad de Investigación de Delitos Especiales para que presenten informes confidenciales cada dos meses, detallando el estado de cada legajo, las medidas adoptadas y la estrategia procesal prevista.
Según la resolución, el objetivo es evaluar el funcionamiento de la unidad y garantizar un seguimiento permanente de las investigaciones vinculadas a hechos que pudieran haber generado perjuicio patrimonial directo al Estado.
La documentación deberá incluir datos sobre la cantidad de personas investigadas, una descripción del caso, su estado procesal, eventuales planteos de las partes y los próximos pasos previstos en cada expediente.
Los reportes serán remitidos a la Secretaría Penal de Fiscalía General durante febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, dentro de los primeros 15 días de cada mes.
Desde el Ministerio Público aclararon que la disposición no implica interferencia en la autonomía de los fiscales, sino un mecanismo de control interno orientado a evitar demoras injustificadas y asegurar respuestas judiciales dentro de plazos razonables.
La decisión refuerza una línea de acción que Baigorrí ya había manifestado públicamente en los últimos meses, con especial foco en expedientes de alto impacto institucional, como la investigación por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum y el proceso judicial que involucra al intendente de Angaco, José Castro.
Con esta resolución, la Fiscalía General busca imprimir mayor dinamismo a las investigaciones sensibles y garantizar un seguimiento más riguroso sobre las causas vinculadas a posibles hechos de corrupción en la provincia.
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