La comunidad educativa continúa reclamando que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento. En este marco, los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) retomaron este jueves por la noche la ocupación de la institución y las protestas.

Las primeras medidas de fuerza de los estudiantes, docentes y no docentes de esta modalidad fueron adoptadas el martes pasado, tras advertir que se habían agotado las instancias previas de reclamo y diálogo con la Administración de Javier Milei.

Al respecto de la reactivación de la toma del edificio, la rectora del establecimiento dependiente de la Universidad de Buenos Aires, Valeria Bergman, aseguró que la conducción acatará las disposiciones ordenadas por el Consejo Superior de la UBA.

En este sentido, se garantizó que un cuerpo de docentes y directivos permanecerá de manera constante dentro del emblemático edificio educativo de la calle Bolívar mientras dure la permanencia de los alumnos fuera del horario escolar habitual. Según se precisa, esta disposición técnica se encuadra en la resolución “RESCS-2026-730-E-UBA-REC”.

Por otra parte, los docentes y autoridades estarán obligados a reportar de forma continua el cuadro de situación a los adultos responsables y la posterior reprogramación de las jornadas escolares perdidas.

Bergman aclaró que la agenda académica, administrativa y de los talleres extracurriculares se encuentra paralizada completamente por el nuevo cese de actividades hasta tanto se restablezcan las condiciones normales de funcionamiento.

“Como ya lo hemos hecho en situaciones similares, solicitamos a las familias que reflexionen junto con sus hijos e hijas sobre los riesgos y responsabilidades que implica tomar este tipo de acciones de protesta”, señalaron desde el equipo de conducción, al tiempo que pidieron a los padres a retirar a los alumnos para cuidar su integridad física en la vía pública.

Pese a las fricciones operativas que genera la toma, la conducción del CNBA coincidió con el trasfondo de los reclamos generales de la comunidad estudiantil, manifestando que tanto la plena vigencia de la postergada Ley de Financiamiento Universitario como la actualización de los haberes salariales del personal docente y no docente representan demandas urgentes e impostergables.

En ese sentido, las autoridades concluyeron que se mantendrán los canales de diálogo institucionales con los distintos estamentos para coordinar estrategias de defensa de la educación estatal que no colisionen con el derecho a las clases, confirmando que la readecuación del calendario escolar para recuperar contenidos ya se encuentra en proceso de elaboración.