Causa Acueducto Gran Tulum: la Fiscalía pedirá una prórroga para definir si imputa por corrupción

El jefe del Ministerio Público de San Juan, Guillermo Baigorrí, anticipó que es muy probable que los fiscales soliciten una prórroga en la investigación por presuntas irregularidades en la obra del acueducto Gran Tulum. En declaraciones radiales, el funcionario judicial explicó que queda poco tiempo del plazo legal para definir si se formaliza la acusación o se archiva la causa.

La denuncia original fue presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien viene señalando que el período inicial vence a fines de mayo. De acuerdo con el Código Procesal Penal de la provincia, los fiscales tienen la facultad de echar mano a una extensión excepcional de otros 90 días hábiles para profundizar la recolección de pruebas.

Una vez que se agote ese nuevo plazo de prórroga, los investigadores de la Unidad Fiscal (UFI) Delitos Especiales no tendrán más margen: deberán llevar adelante la audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP) para imputar formalmente a los sospechosos, o bien desestimar y archivar la denuncia si no encuentran elementos incriminatorios suficientes.

Un equipo reforzado por la cantidad de documentos

Por la complejidad de la causa y el voluminoso archivo documental que rodea a todo el proceso de la obra del acueducto, Baigorrí decidió reforzar el equipo investigativo. Para avanzar de manera más ágil, el fiscal General sumó a dos fiscales (Sebastián Gómez y Francisco Pizarro) junto a cuatro ayudantes fiscales dedicados exclusivamente al caso.

Aunque Baigorrí prefirió no dar precisiones sobre los hallazgos actuales para resguardar la causa, manifestó que el equipo está avanzando a buen ritmo y que se ha logrado recolectar una gran cantidad de información que determinará el destino final de la investigación.

Las claves de la denuncia y las sospechas de sobreprecios

La causa penal se inició tras la denuncia de Arancibia, orientada a investigar presuntas maniobras ilícitas en las contrataciones estatales del Gobierno de San Juan vinculadas a la megabra hídrica. Aunque la presentación no apuntó inicialmente a nombres propios, solicitó que se evalúe la responsabilidad penal de los funcionarios provinciales que se desempeñaron entre 2019 y 2023, durante la última gestión del exgobernador Sergio Uñac.

La hipótesis principal gira en torno a un posible direccionamiento de los pliegos licitatorios para favorecer a la empresa proveedora de caños Krah. Según el denunciante, dicha firma estaba vinculada a un familiar directo del exmandatario, el empresario Gustavo Monti, quien falleció a principios de este año. La sospecha radica en que los caños adquiridos eran más caros, tenían menor respaldo técnico y presentaban eventuales deficiencias estructurales, lo que abre la puerta a la investigación de sobreprecios.

Delitos bajo la lupa y ampliación de la causa

El contenido de la acusación se basó en investigaciones periodísticas, a las que luego se sumó una ampliación de la denuncia. Los nuevos elementos aportados hacen referencia a documentos que confirmarían que Monti actuó como apoderado de la empresa proveedora, además de señalar presuntas irregularidades como una redeterminación acelerada de precios del 55% y un eventual pago anticipado del 35% del valor de la obra.

De esta manera, la Fiscalía evalúa de forma provisoria si los hechos encuadran en una batería de delitos graves contra la administración pública: negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público.