Calingasta: Sancionan a Movistar con una multa de $29 millones por fallas en el servicio, aunque la pena no llega al 10% del máximo legal
Tras reiterados cortes de señal e internet, Defensa al Consumidor castigó a la empresa con el equivalente a 20 canastas básicas. El expediente pasó a Fiscalía para ejecutar el cobro.
El histórico conflicto por el deficiente servicio de telefonía e internet en el departamento de Calingasta sumó un capítulo clave. La Dirección de Defensa al Consumidor aplicó una sanción económica a la empresa Movistar, la compañía que concentra la mayor cantidad de clientes afectados por los cortes de señal y la falta de conectividad en la zona.
La penalidad económica impuesta equivale al valor de 20 canastas básicas, lo que representa un total de $29.395.360. Tras cerrarse la vía administrativa, el expediente fue derivado a la Fiscalía de Estado para iniciar el proceso de ejecución fiscal y garantizar el cobro efectivo de la multa.
El caso tomó fuerza a partir del reclamo formal de 44 usuarios calingastinos damnificados. De ese grupo, 39 corresponden a clientes de Movistar, mientras que cuatro pertenecen a Claro y uno a Personal, lo que convirtió a la firma del grupo Telefónica en el blanco principal de la sanción. Durante las últimas audiencias de conciliación, las empresas decidieron no asistir de manera presencial y se limitaron a presentar descargos por escrito, una postura que aceleró la formulación de cargos por parte del organismo de control.
A pesar del impacto de la cifra, la multa aplicada tiene un sabor agridulce para los usuarios: representa menos del 10% del tope máximo que establece la legislación vigente. La ley de Defensa al Consumidor contempla un esquema de sanciones que va desde una hasta las 210 canastas básicas; sin embargo, las autoridades provinciales optaron por un piso bajo respecto al daño acumulado.
Cabe destacar que el malestar en Calingasta no es nuevo. Los problemas de conectividad arrastran antecedentes desde el año 2022, cuando un contingente de casi 290 vecinos denunció apagones prolongados de señal. La causa se reactivó con fuerza a finales de 2025 debido a una nueva ola de reclamos por el abandono de la infraestructura en el departamento, un escenario que finalmente derivó en este castigo económico.
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