Condenaron a un cirujano del Hospital de Caucete por cobrar una cirugía en el sistema público
El médico recibió una pena de un mes de prisión por incumplimiento de deberes de funcionario público. Fue absuelto del delito de estafa.
La Justicia sanjuanina condenó al cirujano Santiago Furlotti Barassi por haber cobrado de manera irregular una intervención quirúrgica dentro del sistema público de salud, en un caso que generó fuerte repercusión en Caucete.
El fallo se conoció este jueves, luego de varias jornadas de debate oral. El tribunal resolvió imponerle una pena de un mes de prisión por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque lo absolvió de la acusación de estafa, uno de los cargos centrales sostenidos por la fiscalía durante el juicio.
La investigación se originó tras la denuncia realizada por el supuesto cobro de $250.000 a un paciente para practicarle una cirugía en el Hospital César Aguilar, una prestación que debía garantizarse de manera gratuita en el ámbito estatal.
La víctima fue identificada como Axel Fabián Marinero, de 34 años, quien había sufrido una grave lesión en el tendón de Aquiles y posteriormente falleció a causa de un paro cardíaco. Sin embargo, durante el proceso judicial quedó descartada cualquier responsabilidad penal del médico en relación con la muerte del paciente.
En el juicio, el Ministerio Público Fiscal presentó como pruebas conversaciones y registros de una transferencia de dinero realizada desde la cuenta del paciente hacia una billetera virtual perteneciente al profesional.
Además, trabajadores del hospital declararon que el nosocomio contaba con los insumos y recursos necesarios para realizar ese tipo de prácticas sin costo para los pacientes.
Uno de los momentos más tensos de las audiencias ocurrió durante la declaración de una enfermera, quien manifestó dudas al ser consultada sobre la legalidad de solicitar pagos dentro del sistema público de salud.
También generó repercusiones la ausencia de Diana Martínez, directora del Hospital César Aguilar, quien había sido citada como testigo clave pero no se presentó ante el tribunal.
Finalmente, el juez ordenó remitir antecedentes a la UFI de Delitos Especiales para investigar posibles responsabilidades administrativas y el eventual grado de participación de autoridades del hospital en otras irregularidades.
Op: Juan Llarena
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