El caso que involucró al juez Roberto Montilla por intentar mejorar las condiciones de detención de un conocido suyo sumará un nuevo capítulo en el ámbito judicial. Luego de pedir su sobreseimiento en la causa penal, el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, enviará las actuaciones a la Corte de Justicia para que determine si corresponde abrir un sumario administrativo contra el magistrado.
Fuentes judiciales confirmaron que el envío del expediente se concretará esta semana y quedará bajo análisis de la Sala III de Superintendencia, el área encargada de cuestiones disciplinarias y administrativas dentro del Poder Judicial.
Si bien Fiscalía concluyó que la conducta de Montilla no configuró delito, Grassi sostuvo que el accionar del juez fue “sumamente extraño” e “inusual”, por lo que consideró necesario que la Corte evalúe si existió una posible violación a los deberes éticos de la magistratura.
La investigación se originó a raíz de un episodio ocurrido el 6 de abril, cuando Montilla acudió en tres oportunidades a la Comisaría 4ª de Capital tras la detención de José Benito Martín, un hombre de 84 años al que el juez consideraba “como un tío”. El detenido estaba siendo investigado por una presunta estafa y luego fue sobreseído tras reparar la deuda reclamada.
Según la investigación fiscal, Montilla habría insistido ante efectivos policiales para que el hombre fuera trasladado a un hogar de adultos mayores debido a su delicado estado de salud. Además, de acuerdo con testimonios incorporados al expediente, el magistrado habría mencionado que era el “único juez de Garantías de turno” en la provincia.
El detenido, sin embargo, estaba bajo la órbita del juez de Flagrancia correspondiente. La situación derivó en una presentación de la fiscal Paula Carena y posteriormente en la apertura de una investigación penal contra Montilla.
En la audiencia de formalización realizada el 27 de abril, Grassi le imputó tentativa de usurpación de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, tras avanzar la pesquisa, el fiscal concluyó que el magistrado no ejerció actos propios de su cargo ni impartió órdenes vinculadas al detenido.
En su dictamen de sobreseimiento, Grassi señaló que Montilla “no ordenó, no dispuso, no mandó ni decretó medida alguna” y que sus intervenciones respondieron a un interés “puramente personal”.
Pese a ello, el fiscal remarcó que la conducta podría ser “éticamente reprochable” por haberse involucrado en una situación ajena a su competencia funcional.
Ahora será la Corte de Justicia la que deberá resolver si abre un sumario administrativo y si corresponde aplicar alguna sanción disciplinaria. La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla castigos que pueden llegar hasta 30 días de suspensión sin goce de haberes.
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