Tras un debate oral que se extendió por tres jornadas de doble turno, la Justicia de San Juan dictó sentencia contra Juan Cruz Marinelli, el empleado judicial procesado por irregularidades en el Registro General de la Propiedad. El tribunal lo halló culpable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
Los detalles de la sentencia
La resolución judicial, comunicada este miércoles, impuso a Marinelli las siguientes sanciones:
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Pena de prisión: Dos años de ejecución condicional (no irá a la cárcel, pero queda sujeto a reglas de conducta).
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Sanción administrativa: Inhabilitación perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público.
El juicio había iniciado el pasado lunes, luego de postergaciones vinculadas a la salud del imputado. Marinelli, quien al momento de los hechos cumplía funciones en el Registro Inmobiliario y luego fue trasladado a una defensoría oficial, mantuvo su vínculo con el Poder Judicial hasta esta instancia definitoria.
La maniobra: el “Formulario Verde”
La investigación fiscal logró reconstruir el modus operandi del ahora condenado. Marinelli aprovechaba su posición para gestionar trámites relacionados con el “Formulario Verde”, solicitando a los usuarios el pago de sellados en efectivo.
Esta práctica era abiertamente irregular, ya que el organismo estatal solo admite pagos por medios electrónicos o bancarizados. El esquema salió a la luz cuando una usuaria regresó a la oficina para reclamar por un trámite, mencionando haberle entregado dinero en mano al empleado.
Evidencia clave: Durante los allanamientos realizados en la dependencia, los investigadores hallaron formularios descartados en un cesto de basura. Estos documentos fueron fundamentales para probar que el dinero nunca ingresaba a las arcas públicas y que el trámite se realizaba por fuera del circuito legal.
Repercusión institucional
El caso generó una fuerte sacudida dentro del Poder Judicial sanjuanino, no solo por la naturaleza del fraude en una oficina de control de propiedades, sino también por el vínculo familiar del acusado con un funcionario de alto rango en la Justicia local. Con este fallo, se cierra un capítulo que puso la lupa sobre los controles internos de los organismos de registro provincial.
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