Tomó Intervención el Comité Nacional en la muerte de “Pichi” Paredes y crece el reclamo de justicia
El organismo pidió información a la fiscalía y podría exigir informes formales mientras la investigación sigue en curso.
La muerte de Daniel Alberto “Pichi” Paredes en una celda de la Comisaría 12 de Valle Fértil sumó un nuevo capítulo con la intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), un organismo clave en el control de los derechos humanos en contextos de encierro.
Carlos Goya, referente local del mecanismo de prevención, confirmó que solicitó información en la fiscalía sobre el estado de la causa y remitió los datos al organismo nacional para que evalúe una intervención directa. La decisión responde a la gravedad del caso y a la necesidad de garantizar transparencia en la investigación.
Durante su visita, Goya consultó sobre el cumplimiento del Protocolo de Minnesota, una norma internacional que establece pautas para investigar muertes potencialmente ilícitas bajo custodia del Estado. Si bien no pudo entrevistarse con el fiscal a cargo, mantuvo un encuentro con el ayudante fiscal, quien confirmó que la causa está en marcha y que los procedimientos fueron documentados.
El caso generó una fuerte conmoción en Valle Fértil, donde familiares y vecinos exigen respuestas desde el fallecimiento ocurrido el pasado 23 de abril. Paredes, de 45 años y trabajador municipal, había sido detenido un día antes por presuntos disturbios en la vía pública y fue hallado sin vida al día siguiente en su celda.
Mientras la versión policial apunta a un suicidio, la familia y la querella sostienen que pudo haber existido un incumplimiento del deber de cuidado por parte del personal policial. En ese sentido, remarcan que el Estado es responsable de garantizar la integridad física de las personas detenidas.
La intervención del CNPT, creado por la Ley 26.827, podría implicar pedidos formales de informes e incluso inspecciones, en el marco de sus atribuciones para supervisar lugares de detención en todo el país.
En paralelo, el reclamo social continúa creciendo. Días atrás, amigos y familiares de Paredes se movilizaron por las calles de Villa San Agustín para exigir justicia y evitar que el caso quede impune. La investigación judicial será clave para determinar responsabilidades y esclarecer qué ocurrió dentro de la comisaría.
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