La UNSJ se suma a la Marcha Federal Universitaria ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento
La institución sanjuanina confirmó su participación en la movilización nacional del próximo 12 de marzo. Denuncian un recorte real del 45,6% en los fondos y exigen la aplicación de la ley aprobada por el Congreso en 2025.
El conflicto por el financiamiento
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) ratificó que formará parte de la nueva Marcha Federal Universitaria. El reclamo central apunta directamente contra la gestión del presidente Javier Milei por el desfinanciamiento del sistema de educación superior y la falta de aplicación de la normativa vigente.
Según el comunicado oficial de la institución, la situación es “crítica” debido a un ajuste presupuestario sin precedentes. Los datos presentados por la universidad revelan una alarmante caída:
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Recorte acumulado: Las transferencias han registrado una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.
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Contexto regional: La UNSJ advierte que este ajuste posiciona a la Argentina entre los países con menor inversión en educación superior de la región.
La Ley de 2025: El eje del reclamo
El principal motivo de la movilización prevista para el 12 de marzo es exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en noviembre de 2025. Esta ley establece la obligatoriedad del Poder Ejecutivo para:
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Garantizar los recursos operativos de las casas de altos estudios.
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Recomponer los salarios de docentes y no docentes (lo que implicaría una actualización superior al 40%).
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Sostener y actualizar el sistema de becas estudiantiles.
“El Gobierno tiene que cumplir con la ley que garantiza que las universidades puedan funcionar y que recompone los salarios”, enfatizaron desde la UNSJ.
Un conflicto en manos de la Corte Suprema
Más allá de las movilizaciones, la disputa ha escalado al plano judicial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó una medida cautelar que ya cuenta con fallos favorables en primera y segunda instancia.
Sin embargo, ante la apelación del Gobierno nacional —que sostiene la imposibilidad financiera de aplicar la norma—, la resolución final ha quedado en manos de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el sistema universitario permanece en estado de alerta y movilización ante la incertidumbre presupuestaria.
POR LIC. EUGENIA VILA
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