San Juan sancionará el bullying con multas de hasta $600.000 a los padres

En una sesión histórica realizada este jueves 30 de abril, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca combatir el acoso escolar mediante sanciones directas a los adultos responsables. La iniciativa, impulsada por la diputada Alejandra Leonardo, introduce el concepto de bullying dentro del Código de Faltas de la provincia.

Responsabilidad parental y económica

La nueva normativa establece que, si bien el acoso ocurre entre menores, la responsabilidad legal y financiera recaerá sobre los padres, tutores o encargados de la crianza. El esquema de multas se basa en unidades jus, con montos que varían según la gravedad del caso:

• Multas económicas: Oscilarán entre los $100.000 y los $600.000 (equivalentes a 50 y 300 jus, respectivamente).

• Medidas alternativas: Los jueces de faltas podrán ordenar la realización de trabajos comunitarios o la asistencia obligatoria a tratamiento psicológico, buscando una solución integral que trascienda lo monetario.

Criterios de gravedad

Para aplicar las sanciones, la justicia tendrá en cuenta tres factores fundamentales que definen el acoso escolar:

1. Persistencia: La duración del acoso en el tiempo.

2. Reiterancia: La cantidad de episodios registrados.

3. Reincidencia: Si el menor ya ha tenido antecedentes de conductas similares.

“El objetivo es cortar los casos de raíz”, explicó la diputada Leonardo, subrayando que la ley se limita estrictamente al ámbito escolar, donde el acoso se produce entre pares dentro del entorno educativo.

Un cambio de paradigma

Con esta aprobación, San Juan se posiciona como una de las jurisdicciones con herramientas más severas para intervenir en situaciones de bullying. La ley no solo busca castigar, sino generar conciencia en el núcleo familiar sobre la importancia de la conducta de los menores en la escuela.

Tras el visto bueno del Legislativo, el siguiente paso será la reglamentación de la norma, la cual exigirá un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, las instituciones escolares y la Justicia de Faltas para su implementación efectiva.

POR LIC. EUGENIA VILA