Conflicto minero: La Justicia de San Juan blindó el Proyecto Vicuña y garantizó su continuidad

Tras el freno impuesto por La Rioja, un fallo judicial sanjuanino dictó una medida cautelar que impide a terceros obstruir las operaciones de la firma cuprífera.

En un clima de creciente tensión interprovincial, la Justicia de San Juan otorgó este martes un fuerte respaldo legal al Proyecto Vicuña. A través de una medida cautelar dictada por un juzgado de primera instancia de la Segunda Circunscripción Judicial, se garantizó que la empresa pueda continuar con sus operaciones, neutralizando —al menos en jurisdicción sanjuanina— el bloqueo previo ordenado por la provincia vecina.

El blindaje judicial

La resolución establece que ningún tercero, ya sea público o privado, con excepción de las autoridades de San Juan, tiene la facultad de obstruir o suspender las tareas en el yacimiento. El fundamento principal es que el proyecto cuenta con la habilitación vigente del Ministerio de Minería de San Juan, que es la autoridad de aplicación legalmente reconocida para este emprendimiento.

El origen del conflicto con La Rioja

Esta decisión surge como respuesta directa a la medida tomada el pasado 16 de abril por la jueza riojana María Greta Decker. En aquel entonces, La Rioja ordenó suspender por 30 días el tránsito por el camino principal y las actividades en el campamento, argumentando que la empresa no había presentado el Informe de Impacto Ambiental ante sus autoridades.

Desde el Proyecto Vicuña emitieron un comunicado oficial asegurando que:

“La firma continúa operando en pleno cumplimiento del marco legal aplicable, priorizando la seguridad y la continuidad operativa, mientras se impulsan acciones para normalizar el acceso”.

Escalada política: Orrego vs. Quintela

Lo que comenzó como una disputa técnica ambiental ha escalado a un conflicto político de alto nivel entre los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Ricardo Quintela (La Rioja).

  • La postura de San Juan: Defiende la soberanía sobre el recurso y la validez de los permisos otorgados.

  • La postura de La Rioja: Reclama jurisdicción ambiental e incluso ha llegado a plantear la necesidad de revisar los límites provinciales en la zona del proyecto.

Perspectivas a corto plazo

Aunque la medida riojana tiene fecha de caducidad para mediados de mayo, el “blindaje” sanjuanino busca dar seguridad jurídica inmediata a las inversiones y trabajadores del sector. No se descarta que el caso escale hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que se trata de una disputa de competencias entre dos estados provinciales sobre un proyecto estratégico de cobre.

POR LIC. EUGENIA VILA

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