Cada vez más presos en las comisarías y alcaidías porteñas

Un nuevo informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) advierte que la cantidad de detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires continúa creciendo. En medio de una situación crítica que arrastra una larga puja entre el Gobierno porteño y el nacional, la cifra de personas privadas de su libertad ya asciende a los casi 2500 presos en ese tipo de centros que deberían ser sólo de alojamiento temporario.

El último informe de la PPN muestra los números recabados por el organismo hasta el 28 de febrero pasado y marca un incremento en la cantidad de detenidos respecto a los dos meses anteriores: la cifra era de 2339 presos para diciembre del año pasado, aumentó a 2383 en enero de 2026 y alcanzó a 2471 personas privadas de su libertad hacia el cierre del segundo mes del año. De ese total, 2201 estaban en alcaidías, 246 en comisarías y 24 “en espera de alojamiento”.

El documento muestra, sin embargo, que el gobierno porteño pudo reducir para este mes la cantidad de presos “en espera de alojamiento“, pese al aumento del número de detenidos en general. La PPN cataloga así a los detenidos sin lugar fijo que “permanecen en ‘oficinas’, ‘quinchos’, ‘depósitos’, ‘subsuelos’, ‘guardias internas’, entre otros lugares inapropiados”, según indica el informe.

Esa cifra alcanzó el último febrero a 24 personas, una baja considerable con respecto a los 99 de enero, que consolida una tendencia decreciente desde agosto del año pasado, cuando se habían recabado 216 personas en esa situación. La Procuración advierte, de todos modos, que los antiguos lugares de detención “en espera” pudieron haber sido “reconfigurados de manera precaria para funcionar como alojamiento permanente”.

En el informe se hace otra aclaración importante sobre un cambio técnico en el modo de recabar las plazas de los alojamientos por parte de la policía porteña. Según indica la PPN, a partir de enero se dejó de informar oficialmente la “capacidad ideal” de las comisarías y alcaidías para pasar a informar la “capacidad máxima” de ellas. Es decir que ya no se informa cuántos cupos tiene cada espacio para funcionar normalmente, sino hasta dónde se pueden estirar sus condiciones de alojamiento para retener a los detenidos.

En este sentido, la PPN advierte que los números de capacidad declarados a partir de enero “permiten minimizar el hacinamiento” con un tinte que disimula la situación real de los espacios. En el caso de las 51 alcaidías en funcionamiento, por ejemplo, hasta diciembre se informaba de manera oficial que contaban con una “capacidad ideal” total de 1305 personas, mientras que a partir de enero, de un mes para el otro, pasó a informarse una “capacidad máxima” de 2304 personas.

La Procuración subraya que la diferencia de esa capacidad con los 2201 personas alojadas de febrero podría hacer estimar “que por primera vez no se registra sobrepoblación”. Sin embargo, remarcan, “al no haberse ampliado los espacios de alojamiento, se trata sólo de una modificación de la medición que permite minimizar el hacinamiento”. Si se comparan los 2201 detenidos con la “capacidad ideal” de 1305 personas declarada hasta diciembre se observa una sobrepoblación de casi 900 personas.

En el caso de las comisarías ocurre algo similar. La “capacidad ideal” declarada hasta diciembre era 181 cupos, mientras que la “capacidad máxima” informada ahora asciende a 237 cupos. Para febrero, las comisarías tuvieron 246 detenidos, lo que arrojaría una sobrepoblación de sólo 9 personas si se tiene en cuenta la “capacidad máxima”. Si se comparan con la “capacidad ideal” de diciembre, sin embargo, el número ascendería a 65 detenidos.

Los números de la situación crítica en las comisarías y alcaidías se mantuvieron relativamente estables en estándares altos durante todo el año pasado y ahora comenzaron nuevamente a ascender. El gobierno porteño arrastra el problema desde que, en épocas de pandemia, el Gobierno nacional dejó de recibir en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a los detenidos de la Justicia nacional que se encuentran en comisarías y alcaidías y que constituyen casi la totalidad de esa población.

El recambio de gobierno y la asunción de Javier Milei con Patricia Bullrich como ministra de seguridad parecía ser un indicio de que las dos jurisdicciones podían llegar a arribar a un acuerdo para que Nación recibiera más detenidos, pero fueron más las idas y venidas que los entendimientos. A fines de 2024, tras una primera reunión entre el GCBA y la ahora senadora Bullrich, Nación había empezado a recibir en el SPF a un número de detenidos provenientes de la Ciudad, por lo que la cifra de detenidos llegó a bajar a 2066 en diciembre de ese año.

El entendimiento resultó ser sólo un oasis en el desierto y desde entonces las cifras de presos volvieron a subir, como lo marcan los informes de la PPN, en correspondencia con los diversos casos de fugas de presos que se registraron en distintas comisarías de la Policía de la Ciudad.

En noviembre del año pasado, por su parte, el oficialismo porteño consiguió aprobar en la Legislatura la creación de un servicio penitenciario propio de la Ciudad, al tiempo que continúa la construcción de un penal del GCBA en Marcos Paz, cárcel a la que se derivarían los detenidos actualmente en el penal de Devoto y un número de presos de las comisarías y alcaidías.

fuente:pag12

op: checo murciano