Críticas a la reforma de la Ley de Salud Mental: advierten retrocesos en derechos

La propuesta del Ejecutivo nacional para modificar la Ley de Salud Mental genera preocupación en distintos sectores vinculados a la salud. En San Juan, la licenciada Norma Aubone, integrante del Foro de Salud Mental y Derechos Humanos, analizó los principales puntos del proyecto y advirtió sobre posibles retrocesos en materia de derechos y abordaje integral.

La iniciativa, presentada este lunes, contempla modificaciones en 26 artículos de la Ley N° 26.657, además de cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la normativa sobre prevención de torturas y tratos inhumanos. Sin embargo, distintos actores del ámbito sanitario manifestaron su rechazo a la propuesta.

Aubone sostuvo que el proyecto se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios en el área de salud. “Se trata de una baja histórica en el financiamiento, que impacta principalmente en la mayoría de la población. La ley actual necesita ser aplicada plenamente, y eso requiere mayor inversión, algo que nunca se concretó”, afirmó.

Entre los puntos más cuestionados, la profesional mencionó el posible regreso a un modelo basado en hospitales neuropsiquiátricos. Según explicó, este tipo de instituciones tiende a cronificar a los pacientes y a limitar su autonomía, en lugar de promover procesos de rehabilitación e inclusión social.

Otro aspecto que genera preocupación es la posibilidad de habilitar internaciones sin las garantías legales vigentes. Actualmente, estos procesos contemplan plazos acotados y la intervención de un abogado que resguarda los derechos del paciente. La nueva propuesta, en cambio, permitiría internaciones decididas únicamente por un psiquiatra, lo que —según Aubone— podría derivar en restricciones prolongadas de derechos civiles.

Asimismo, cuestionó que el proyecto busque centralizar el diagnóstico y tratamiento exclusivamente en la figura del psiquiatra, dejando de lado el enfoque interdisciplinario. “Se intenta volver a un modelo médico que reduce la mirada de otros profesionales, como psicólogos y trabajadores sociales, que son clave para להבין los padecimientos en su contexto”, señaló.

Desde esta perspectiva, la iniciativa es vista como un posible retroceso que no solo afectaría a las personas con padecimientos de salud mental, sino también al sistema en su conjunto. “La salud mental forma parte de la salud integral y debe abordarse respetando los derechos humanos. Esta propuesta, en cambio, va en sentido contrario”, concluyó la especialista.