Tensión en Tribunales: la Cámara Penal rechaza críticas y afirma que Fiscalía ya tiene datos de causas por corrupción

La disputa entre la Cámara Penal y el Ministerio Público sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal general, Guillermo Baigorrí, solicitara la intervención de la Corte de Justicia para acceder a información sobre causas por delitos contra la administración pública.

El planteo se originó a partir de un pedido de fiscales de juicio para conocer cuántos expedientes vinculados a corrupción, bajo el sistema procesal anterior, se encuentran en trámite en el tribunal. Sin embargo, la respuesta de los camaristas no satisfizo a Fiscalía, donde interpretaron que hubo una negativa a brindar los datos y deslizaron críticas hacia los magistrados.

Aunque no hubo una postura oficial, fuentes de la Cámara Penal indicaron que la reacción del Ministerio Público generó sorpresa. Según explicaron, en la contestación dejaron en claro su disposición a aportar información, pero solicitaron que se especifiquen número de expediente y carátula, al considerar que los fiscales también cuentan con esos registros.

Desde el ámbito judicial recordaron que, bajo el sistema anterior, eran los fiscales de primera instancia quienes impulsaban la elevación de las causas a juicio, por lo que el propio Ministerio Público intervino en todos los procesos que hoy se encuentran en la etapa final en la Cámara.

El intercambio dejó expuestas diferencias de criterio. Mientras en algunos sectores de la Cámara minimizaron el impacto del planteo, otros admitieron incomodidad. En paralelo, en Fiscalía persistió el malestar al entender que hubo reticencia en la entrega de información.

El pedido original fue realizado por los fiscales de Cámara Silvina Gerarduzzi, Marcela Torres y Daniel Galvani a los integrantes del tribunal, actualmente presidido por Juan Bautista Bueno e integrado por Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe.

En su respuesta, fechada el 20 de marzo, los jueces señalaron que en todos los procesos que tramitan en la Cámara ha intervenido el Ministerio Público, lo que implica —según su postura— que los fiscales tienen pleno conocimiento de esas causas.

No obstante, ofrecieron colaboración siempre que se indiquen los datos específicos de los expedientes a revisar. Ese punto fue interpretado por Baigorrí como una negativa, lo que motivó su presentación ante la Sala Tercera de Superintendencia de la Corte.

En su escrito, el fiscal general sostuvo que la Cámara tiene la obligación de llevar un registro completo de las causas bajo su competencia y cuestionó la falta de información, apoyándose además en disposiciones del Código de Ética Judicial que instan a los jueces a colaborar con el funcionamiento del sistema y garantizar la publicidad de sus actos.

El trasfondo del conflicto está vinculado a la prioridad que el Código Procesal Penal otorga a la investigación de delitos contra la administración pública, un aspecto que hoy vuelve a tensionar la relación entre jueces y fiscales en la provincia.