En medio de la tensión entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Vicuña y los cuestionamientos sobre los límites interprovinciales, la postura jurídica sanjuanina comienza a definirse con mayor nitidez. Desde la Fiscalía de Estado aseguran que, por ahora, no existe un conflicto formal que amerite una intervención judicial.
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, fue claro al descartar una escalada en tribunales. Según explicó, la provincia no recibió ninguna notificación que la obligue a accionar legalmente. “Por el momento no se está pensando en iniciar ningún tipo de acción, en primer lugar porque no ha llegado ninguna comunicación formal que involucre a San Juan en un litigio”, sostuvo.
Tensión política sin correlato judicial
El escenario actual evidencia una brecha entre la intensidad del conflicto político y su traducción en el plano jurídico. Mientras desde La Rioja se impulsan declaraciones y medidas que cuestionan tanto el desarrollo del proyecto minero como los límites territoriales, en San Juan remarcan que no hay una controversia judicial concreta entre ambas jurisdicciones.
En ese marco, Dávila relativizó los dichos del gobernador riojano y los encuadró en una lógica mediática. “Son planteos que no trascienden. Hasta ahora no hay ninguna acción judicial ni nada parecido”, afirmó.
Esta mirada introduce un elemento central: pese a resoluciones judiciales en territorio riojano con impacto indirecto sobre la actividad minera, no se ha configurado un litigio interprovincial que requiera la intervención de instancias superiores.
Límites definidos y sin discusión
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es la reaparición del debate sobre los límites entre ambas provincias. Sin embargo, desde la Fiscalía de Estado lo consideran un tema cerrado.
“No hay ninguna posibilidad de discusión. Es una cuestión ya zanjada”, enfatizó Dávila. Según explicó, los límites fueron acordados oportunamente, respaldados por el Congreso y aprobados por las legislaturas provinciales, lo que les otorga plena vigencia jurídica.
Además, subrayó que muchas normas surgidas en contextos de facto continúan en vigor mientras no sean derogadas, reforzando la solidez legal de los acuerdos existentes.
Cautela frente al debate minero
Consultado sobre eventuales reclamos vinculados a la actividad minera en zonas limítrofes, el fiscal evitó anticipar escenarios. Señaló que el tema está bajo análisis, pero aclaró que sin una presentación formal no corresponde emitir hipótesis.
Una estrategia de prudencia
Más allá del ruido político, la posición de San Juan se apoya en la calma institucional y la ausencia de un litigio concreto. Para la Fiscalía, no hay riesgos sobre la integridad territorial ni sobre la validez de los límites vigentes.
“No genera nada más que tener que responder cuestiones ya superadas”, expresó Dávila. Y concluyó: existe “tranquilidad absoluta” respecto a que los límites provinciales están firmemente establecidos y no hay motivos para revisarlos.
De este modo, mientras el conflicto se mantiene activo en el plano político y mediático, San Juan opta por una estrategia de cautela, basada en la inexistencia —hasta el momento— de un frente judicial abierto.
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